La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, avisó ayer de que el sistema de protección social de Euskadi -que asegura a los vascos sin recursos una renta de garantía de ingresos (RGI) de 650 a 923 euros mensuales- ya «no se puede sostener» en sus actuales condiciones y vaticinó que «entrará en quiebra» si las instituciones de la comunidad autónoma no acometen una reforma de los impuestos. «Hace dos años, todos pensábamos que éramos más ricos que lo que somos», resumió la consejera, uno de los políticos que más batalló en la pasada legislatura para convertir la RGI en un derecho legal.
Zabaleta hizo esas declaraciones en el Parlamento vasco a petición de Aralar, que criticó la decisión del Gobierno de Patxi López de endurecer los requisitos de acceso a la RGI a partir de enero, una medida apoyada por el PP y rechazada por la oposición excepto el PNV, que se ha abstenido. «No podemos dar derechos que no podemos pagar», se defendió la consejera, que llamó la atención sobre el hecho de que, mientras se celebraba el pleno de la Cámara, el Gobierno vasco y las diputaciones se reunían en el Consejo Vasco de Finanzas con una misión: «Certificar que este año somos menos ricos que el anterior, y ya veremos lo que pasa el próximo». Más o menos a la misma hora, varios colectivos sociales se reunían en una carpa en el Arenal de Bilbao para protestar contra los cambios en la normativa de la RGI. «Cuando más necesarias son las prestaciones sociales, el Gobierno vasco ha decidido hacer un recorte drástico de las mismas», denunciaron.
En la Cámara vasca, Gemma Zabaleta informó de que su departamento tendrá que añadir este año al capítulo de los subsidios unos sesenta millones de euros más que lo que había previsto inicialmente (el año pasado se gastaron 390 millones en RGI, más la prestación de vivienda y las ayudas de emergencia). La reforma de la renta de garantía pretende evitar que se repitan ese desfase presupuestario, que en 2010 ascendió a 40 millones. Para ello acota el número actual de perceptores -unos 54.000- por dos vías: poniendo más requisitos para entrar en el sistema de ayudas y tratando de acelerar la salida al mercado laboral.
Disponibles para trabajar
De ese modo, los futuros beneficiarios -no los actuales- sólo podrán cobrar el subsidio si acreditan tres años de empadronamiento en Euskadi o, en su defecto, uno, pero sumado a otros cinco años de vida laboral en España. Y, además, cuando se les considere laboralmente aptos, tendrán que aceptar el trabajo o cursillo que les ofrezca el servicio vasco de empleo (Lanbide), organismo que a partir de 2012 administrará los expedientes de la RGI excepto en dos supuestos: los pensionistas (unos 19.000 cobran actualmente la prestación) y los ciudadanos con problemas psicosociales. «Cuando decimos que las personas deben estar disponibles para un trabajo ¿decimos una barbaridad?», se preguntó ayer Zabaleta para justificar los cambios.
Sin embargo, la parlamentaria de Aralar Aintzane Ezenarro, objetó que la normativa otorga a Lanbide una amplia «discrecionalidad» para decidir qué alternativa laboral o cursillo son idóneos para un perceptor de la RGI, el cual antes podía rechazar tres ofertas y en adelante ninguna. La consejera respondió que el sistema vasco de protección social es garantista, «pero no paternalista». Y añadió que la «mejor seguridad» para quien está en paro y sale adelante con la renta de garantía «es obtener un empleo».
En el Gobierno vasco ponen como un caso a evitar lo ocurrido cuando el Ayuntamiento de Bilbao les remitió los expedientes de 1.800 perceptores de la RGI, para que Lanbide cubriera con ellos 200 ofertas laborales. Al final, ese organismo se encontró con que el 44%, de los posibles candidatos bien rechazaron el trabajo, bien no fueron localizados. «Habrá personas que tendrán que percibir el subsidio a lo mejor toda la vida -indicó Zabaleta-, pero las intentaremos rescatar para el empleo».
