Milicianos de Al Shabaab, la sección somalí de Al-Qaida, secuestraron ayer en Kenia a dos cooperantes españolas de Médicos Sin Fronteras cuando se desplazaban en un convoy al noreste del país. Los captores se hicieron pasar por refugiados y detuvieron a tiros el vehículo, que procedía de un campamento de acogida próximo, Dadaab. Fueron 40 minutos de escarceos en los que resultó herido de bala el conductor keniano de las cooperantes, que no llevaban seguridad privada a bordo. Un operativo aéreo y terrestre comenzó la búsqueda con un objetivo prioritario: conseguir que los captores no crucen la frontera a Somalia, a unos 100 kilómetros de distancia. No obstante, fuentes de la Generalitat de Cataluña aseguraron que las mujeres están «sanas y localizadas».
El secuestro se produjo a las 14.00 horas locales, una hora menos en España, cuando un grupo de secuestradores armados con rifles -algunas fuentes hablan de tres integrantes- atacó un convoy de dos vehículos que circulaba entre los campos de refugiados de la ciudad de Dadaab, donde se asientan unas 450.000 personas. Uno de los vehículos españoles de Médicos Sin Fronteras (MSF) logró escapar, pero los asaltantes consiguieron retener el segundo todoterreno tras herir de gravedad a su conductor.
Las rehenes son Montserrat Serra Ridao, de 37 años, natural de Palafrugell (Girona) y una madrileña cuya identidad no había trascendido ayer. Serra Ridao es una profesora de un instituto que había solicitado una excedencia de un año para dedicarse a la cooperación. Antes que en Kenia había estado en Yemen con la organización África Viva. En la actualidad, las dos trabajan en la sección de logística de MSF y su cometido actual es la construcción de un hospital para el campamento de Ifo. Estos asentamientos están atestados de somalíes que en los últimos años han escapado de la guerra y la sequía que asola el Cuerno de África.
La Policía keniana cree que los milicianos se llevaron el todoterreno con las cooperantes en su interior y que lo más probable es quieran cruzar la frontera para alargar el secuestro. Para evitar este movimiento, las autoridades enviaron un helicóptero de la Policía y otro del Ejército para localizar el vehículo, además de movilizar a los agentes aduaneros. Sin embargo, las intensas lluvias en la región complican las operaciones.
Precisamente, el Gobierno de Nairobi había anunciado el miércoles la creación de siete puestos de vigilancia para controlar las porosas fronteras con Somalia. No solo por el enorme flujo de refugiados, sino por el reiterado temor a que los rebeldes islamistas de Al Shabaab se hayan infiltrado en los campamentos de Dadaab. Unos centros que están tan saturados que es difícil controlarlos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Embajada española en Nairobi, señaló que se están realizando «todas las acciones necesarias» para lograr la liberación de las cooperantes y destacó la necesidad de mantener la «máxima discreción» para garantizar su seguridad.
La dramática situación humanitaria ha contribuido a que «en los últimos tiempos se hayan incrementado los incidentes de seguridad» en la frontera de Kenia con Somalia, según señala Exteriores en su web. Ante esta situación, el departamento que dirige Trinidad Jiménez venía desaconsejando «todo desplazamiento» a la zona.
Exteriores subraya que Kenia, considerado el país más estable de la región, con una importante oferta turística, «no está libre de la amenaza terrorista» por la influencia de las redes extremistas que operan desde la vecina Somalia, en referencia a Al Shabaab. La milicia ha venido amenazando a las organizaciones de ayuda humanitaria que la ONU tiene desplegadas al sur de Somalia, a las que consideran «espías de occidente». Sin embargo, el pasado julio levantaron el veto dada la terrible hambruna que golpea la región. Ese mismo mes, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, visitó los campamentos de Dadaab y afirmó entonces que la amenaza del grupo terrorista estaba poniendo en riesgo la vida de miles de personas. «Vamos a hacer todo lo que sea necesario para garantizar la llegada de ayuda, porque si no todos se van a morir», advirtió Rodríguez. Entonces, la mayoría de las ONG decidieron llevar seguridad privada para evitar estos ataques. En los últimos 15 años, han sido secuestrados 53 cooperantes españoles.