La Unión Europea (UE) quiere convertir a sus agricultores en defensores del medioambiente y ha decidido condicionar al respeto por el ecosistema gran parte de las ayudas directas al sector. La comisión presentó ayer su propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC), con la que pretende establecer un marco más «equitativo» -con un sistema de pago único en el que los estados miembros reciban ayudas en función de su producción media o proporcionales a la cantidad de hectáreas- y poner límites a las subvenciones, lo que ha cosechado el rechazo mayoritario del sector.
El comisario europeo de Agricultura, el rumano Dacian Ciolos, aseguró que «una redefinición de la PAC es necesaria» al presentar sus propuestas para reformar el sistema de subvenciones agrícolas europeas a partir de 2014. Entre sus peticiones figura condicionar la ayuda que la UE otorga a casi 12 millones de agricultores a la puesta en marcha de prácticas agrícolas simples como el mantenimiento del pastoreo permanente, la rotación de los cultivos y el destino a actividades ecológicas del 7% de la superficie de las explotaciones. La finalidad, destacó Ciolos, es imponer «prácticas de producción duraderas».
Otro de los objetivos es eliminar los derechos históricos, que se utilizan en la actualidad para la distribución de las ayudas en países como España (sobre la base de la producción media entre 2000 y 2002), para pasar a un sistema de «pago único» por hectárea.
Entre las medidas más polémicas figura la propuesta de establecer un techo de 300.000 euros en las ayudas que reciben las grandes explotaciones -medida a la que se oponen enérgicamente Alemania y Gran Bretaña- y que a partir de los 150.000 euros las ayudas vayan decreciendo de forma progresiva. Ciolos propuso, asimismo, crear un «fondo de crisis» dotado con 3.500 millones de euros para reaccionar ante situaciones que deriven en una «pérdida de confianza» de los consumidores, como la «crisis del pepino» del pasado verano.
Protesta de los agricultores
Un centenar de agricultores acudieron a Bruselas a protestar contra la propuesta de la Comisión. Les inquietan los costes que implicará cambiar los actuales sistemas de cultivo por otros más 'verdes' y la amenaza que eso supondrá para su competitividad. El secretario general de COAG, principal coordinadora española de organizaciones agrarias, Miguel López, expresó su «rechazo contundente» a la propuesta de la Comisión, que calificó de «tremenda barbaridad» y de «ocurrencia». Su aplicación, afirmó, sería un «desastre» para el sector. A su juicio, los cambios propuestos son «un invento para acaparar la atención de la opinión pública y no responden a una política medioambiental real».
