CRONOLOGÍA
La vida de Bernardo Bilbao ha sido una batalla constante. Cuando llegó la edad de jubilarse, tras décadas de duro trabajo como ebanista, sufrió un accidente cortando un pino que le dejó postrado en una silla de ruedas. Ahora, con 80, no puede moverse con autonomía por su barrio, La Cruz, en Lezama, por culpa de las barreras arquitectónicas que salpican las calles. Ni las aceras están niveladas o interconectadas entre sí, ni las calzadas reúnen las condiciones necesarias, según denuncia su familia.
Como es habitual ver vehículos aparcados sobre las aceras, asegura, el anciano se ve obligado a caminar sobre la calzada. Pero entre 2006 y 2008, el Ayuntamiento colocó dos badenes y tres bandas de goma en los viales, lo que empeoró la situación. «Lo hicieron a propósito, por denunciar a Ura una irregularidad», sostienen. Desde entonces, Bernardo, con una discapacidad reconocida del 94%, no puede pasear sin compañía. «Las barreras hacen que mi padre no pueda andar solo, porque la silla vuelca», explica su hijo, Javier Bilbao. Pero parece que todo cambiará pronto.
Un juez ha emplazado al Consistorio de Lezama a diseñar un proyecto «definitivo» de adaptación del barrio a la Ley de Accesibilidad, antes de que expire el plazo, a finales de diciembre. En el auto del 19 de septiembre el juzgado insta a «presentar un informe detallado de la solución prevista entre las diferentes alternativas presentadas por el Ayuntamiento y las actuaciones inmateriales que se están acometiendo».
Bernardo y Javier, que se quejaron ante el Ararteko, así como a varias asociaciones y grupos políticos, interpusieron en abril la denuncia en el Juzgado de lo Contencioso ante lo que interpretaron como un silencio administrativo negativo a sus peticiones de retirada de barreras arquitectónicas en La Cruz. Los responsables municipales no respondieron en el plazo establecido.
Su letrada consideró que la situación atentaba contra la «dignidad» de Bernardo y su «derecho a desplazarse por su entorno», mientras que el tribunal ha asumido que procede la urgencia de un arreglo. En su primer auto también rechaza la propuesta municipal, por la que sugería que Bilbao suscribiese un «seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños que pudieran producirse» en el caso de que les obligasen a retirar las bandas reductoras y los badenes, una de las medidas cautelares solicitadas por la familia.
Y es que el Consistorio apuesta por una obra que conjugue la accesibilidad con la mantención de esos elementos que se interpusieron «por petición vecinal. Una vez casi atropellaron a un menor y había varias denuncias ante la Ertzaintza. Desde que los pusimos, han desaparecido los problemas», defiende la alcaldesa, Alaitz Etxeandia. La regidora apuntó que «lo que se ha transmitido es que pusimos los badenes y que no queríamos adaptar el barrio para perjudicar a esta familia, y eso es mentira. ¿Cómo va a querer un Ayuntamiento complicarle la vida a un minusválido? ¿En qué cabeza cabe eso?», se pregunta.
Etxeandia argumenta que la reforma de este enclave forma parte del Plan de Accesibilidad que «estamos ejecutando paulatinamente, porque hay muchas zonas del municipio por adaptar. Para La Cruz manejábamos tres propuestas realizadas con Fekoor, que fueron las que presentamos ante el juzgado. Ahora nos obligan a desarrollar uno de esos tres proyectos en un plazo, dando prioridad a este barrio frente a otros», explica la alcaldesa, que recalca que ha mantenido varias reuniones con la citada federación.
«Sólo queremos que mejore su calidad de vida», apunta el hijo de Bernardo. A las barreras externas se suma que ni su vivienda ni su portal están adaptados. «Llevamos 15 años duchándole en la habitación», subraya. La familia reclamó al Consistorio un piso de protección oficial adaptado en 1997, un año después del accidente sufrido por Bernardo, aunque este tipo de viviendas no llegaron a construirse en la localidad. Ante esta situación, solicitaron después licencia para levantar una casa adaptada en un terreno de su propiedad, un proyecto que tampoco ha llegado a buen puerto. El Ayuntamiento les retiró el permiso y los tribunales le han dado la razón. «Nos queda recurrir o pedir una nueva licencia», advierte Bilbao.
