La polémica generada en los últimos cuatro años en torno a la construcción de al menos tres grandes parques eólicos en Álava -Cruz de Alda, Arkamo y Montes de Iturrieta- cruzó ayer las fronteras de Euskadi para aterrizar en el Parlamento europeo, en el orden del día de la Comisión de Peticiones. Hasta Bruselas se desplazó una delegación local formada por el portavoz del colectivo Mendiak Aske, Koldo Ortiz de Ginea, y los alcaldes de Ribera Alta y Okondo, Jesús Berganza y Sergio Tato. Solo habló el primero de los tres -la intervención tenía una duración máxima de 5 minutos- y lo hizo para recalcar que si se materializasen estos proyectos, el impacto medioambiental sería «crítico e inasumible».
En su alocución, Ortiz de Ginea recordó que la autoridad competente para decidir sobre la viabilidad de estos parques es la Diputación alavesa -al menos en el aspecto medioambiental- y que hasta en tres ocasiones, las Juntas Generales se han posicionado contrarias a las intenciones del Gobierno vasco, promotor de los aerogeneradores y que en el último mandato de Ibarretxe lanzaron un órdago adjudicando incluso su construcción. Por contra, el nuevo Gabinete López se mostró mucho más abierto, pero tampoco ha conseguido el respaldo de Álava, aunque sí de Gizpuzkoa, Bizkaia e incluso Eudel.
El responsable de Mendiak Aske también se refirió a la existencia del Plan Mugarri, un documento de carácter político que se aprobó en las Juntas sin votos en contra y que blinda al 60% del territorio alavés de la construcción de este tipo de parques, sobre todo se refiere a aquellas zonas catalogadas Red Natura 2000 o paisajes sobresalientes. La Comisión Europea, por su parte, volvió a solicitar ayer más información al respecto a las distintas administraciones implicadas.
