Límite constitucional

La introducción de una cláusula constitucional que limite el déficit público, pactada por Zapatero con el líder de la oposición cumpliría con la propuesta remitida el pasado 16 de agosto por Merkel y Sarkozy a las instituciones de la Unión Europea y, sorpresivamente, ofrecería una imagen de unidad entre socialistas y populares positiva para la proyección exterior de España. Más discutible resulta la confianza que el presidente dice albergar en que la reforma propuesta de la Constitución entrañe efectos taumatúrgicos respecto a la credibilidad futura de las cuentas de nuestro país. Sería más lógico pensar que Zapatero ha tratado así de conjurar las sombras que se ciernen en lo inmediato sobre la economía española, convirtiendo la iniciativa germano-francesa en un broche de oro de disciplina presupuestaria con el que culminar su propio mandato. En principio se trataría de constitucionalizar el compromiso adquirido en el seno de Europa de establecer un porcentaje de déficit máximo en relación al PIB. Pero tal inclusión en la Carta Magna no sería ni suficiente ni operativa si no se ve acompañada de un desarrollo legislativo en materia de estabilidad presupuestaria que pormenorice los criterios de contención del déficit y haga partícipes del esfuerzo a todas las administraciones sin excepción. El acuerdo entre Zapatero y Rajoy aplicaría la propuesta de Merkel y Sarkozy en su versión formalmente más exigente antes de que se debata entre los socios europeos, lo que podría dejar en una situación desairada a aquellos países que optasen por una plasmación legislativa pero no constitucional del límite de déficit. Pero el fortalecimiento de la confianza en España a medio y largo plazo dependerá, en lo que a la acción política y gubernamental se refiere, de mucho más que de la coincidencia de intereses que Rajoy y Zapatero han hallado. Ese acto de responsabilidad compartido no se corresponde con la renuencia mostrada hasta ahora por el PP a apoyar la política del Gobierno ni con la proclividad de este a sacar adelante sus medidas prescindiendo de los populares. Un pacto de alcance constitucional exigirá mayor nivel de acuerdos para el futuro de la economía española.