Ganaderos contra el Gobierno y la industria láctea; las empresas contra la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y esta entidad contra la Administración. El informe de la OCU sobre la baja calidad de la leche entera de vaca que se consume en España ha generado un enfrentamiento generalizado entre los sectores implicados. Están a leches por la leche.
Tras analizar 47 marcas que se venden en 222 establecimientos del país, la OCU ha llegado a la conclusión de que este producto básico se ha degradado en la última década. «Hay grandes diferencias entre unas y otras. Algunas no reúnen los requisitos más básicos de calidad: de hecho, no recomendamos la compra de diez de ellas», afirman los responsables del informe, que puntúan cada uno de los 'brik' analizados.
La respuesta del sector ganadero ha sido inmediata. Las organizaciones de agricultores y ganaderos de todo el país defienden la «altísima calidad» de la leche que se consume en todas las comunidades. Al menos en lo que a ellos les afecta, que es la producción. En este punto, la coordinadora COAG exige «más rigor» porque «cuando se dice 'leche española' se está diciendo 'leche envasada en España' pero no sabemos realmente su procedencia».
Es más, la COAG recuerda que ha exigido «una y mil veces a la Administración que el seguimiento que se hace de cualquier producto alimentario para garantizar su calidad se haga en el caso de la leche hasta que llega al vaso». Y es que, denuncian, «todos los controles se aplican al ganadero, pero cuando la leche llega a las industrias se pierde la pista». Lejos de arremeter contra la OCU, la COAG censura «la permisividad del Gobierno con las prácticas de las grandes distribuidoras que inundan los mercados con leche barata, cuyo origen y trazabilidad se desconocen».
«Alarma injustificada»
El estudio ha enervado a la industria láctea, organizada en la federación FENIL. A través de un comunicado, anuncia medidas legales para defender «su buen nombre» contra la OCU, cuya «actitud irresponsable confunde al consumidor y genera estados de alarma injustificados». Asegura que la leche que se comercializa en España «es de mejor calidad que la de hace diez años» y resalta «la seguridad del producto, que cumple con toda la normativa vigente «a nivel nacional y comunitario».
La polémica también se ha alimentado con la intervención del Gobierno central. Y por partida doble. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino garantiza que el sector lácteo aplica «rigurosamente» la legislación armonizada con la UE, con los de autocontrol «más exigentes de todo el mundo», lo que garantiza la calidad y la seguridad alimentaria y «consecuentemente los derechos de los consumidores». A su vez, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, se dispone a estudiar el informe de la OCU «para actuar en consecuencia si fuese necesario».
Esta sucesión de críticas, sin embargo, no ha hecho variar ni un ápice la postura de los responsables del informe, que se puede ver en la pagina web de la OCU. Esta organización lamenta que el Gobierno «se posicione junto al sector lácteo», en vez de «interesarse por los detalles de un estudio, cuyo resultados conocía». La Organización de Consumidores y Usuarios también envía un mensaje a la industria. «Es curioso que FENIL trate de matar al mensajero, en lugar de preocuparse por mejorar y realizar autocrítica entre las diferentes empresas que componen este sector de la industria alimentaria».
Sobre la postura de los ganaderos, la OCU recalca que ha analizado «con rigor científico la leche que bebe el consumidor y que adquiere en el punto de venta, no la que sale de las explotaciones y que luego es sometida a diversos tratamientos». Blanco y en botella.
