El Gobierno vasco impuso una media de 2.086 euros de multa a 644 titulares de viviendas protegidas entre 2004 y 2010, principalmente por no haberlas utilizado como residencia habitual. Las sanciones económicas, cuyo importe global asciende a 1,3 millones de euros, se inscriben en un plan para inspeccionar todos los pisos protegidos de Euskadi (alrededor 65.000, incluyendo VPO y alquileres sociales), una iniciativa que arrancó durante la anterior legislatura y que ha corrido paralela a la creación de un servicio de inspección en la Administración autónoma.
Según el Departamento de Vivienda, entre 2004 y 2010 se han revisado 47.961 inmuebles del parque público del País Vasco, de los cuales 19.424 corresponden a Vizcaya, 14.724 a Guipúzcoa y 13.813 a Álava. Los inspectores han abierto 53.386 fichas en el conjunto de Euskadi (en algún caso más de una por piso), denunciando en principio 6.414 situaciones irregulares, lo que supone un 12% de anomalías.
Casi un millar de esos casos irregulares desembocó en un expediente sancionador, de los que 644 concluyeron con una multa tras un largo proceso administrativo. El mayor número de sanciones se registró en Guipúzcoa (255); seguida de Álava (212) y de Vizcaya (177). Ahora bien, las cuantías más elevadas se registraron en el territorio vizcaíno (una media de 2.614 euros por infractor), a cierta distancia de Guipúzcoa (2.091) y de Álava (1.780). De todos modos, esas tres cantidades entran dentro de lo que la legislación establece para las infracciones muy graves (entre 1.502,5 y 6.010,12 euros).
Celo inspector
El celo inspector del Gobierno vasco fue palpable en los ejercicios de 2006 y 2007, cuando el Gobierno vasco dio un fuerte impulso a la inspección de las viviendas protegidas. Durante esos dos años, los inspectores giraron visita a 23.000 inmuebles, una tarea que dio como resultado 324 sanciones (el 1,4% de todos los inmuebles visitados). En 2010 fueron revisados 4.657 pisos y se impusieron 98 sanciones (2,1%).
Comparadas con las multas por fraude, las expropiaciones de viviendas protegidas se cuentan con los dedos de una mano. Esta vía expeditiva, prevista cuando el inmueble permanece vacío durante más de un año, entre otros supuestos, apenas ha sido utilizada en cuatro ocasiones por el Gobierno vasco desde 2007. Uno de esos procedimientos administrativos ya ha concluido con la compra del inmueble por el Departamento de Vivienda, mientras que los tres restantes todavía están en vías de ejecución.
«La inspección de los pisos protegidos no es un servicio muy conocido, pero sigue trabajando», advirtieron ayer fuentes de la consejería de Iñaki Arriola. De momento, la Administración vasca ya ha recaudado 937.011 euros de los 1,3 millones que debe ingresar por las multas. El resto del dinero ha quedado a expensas de que se resuelvan los recursos presentados por los afectados, ya que la legislación de los pisos protegidos es garantista con el adjudicatario.
Desde que arrancó el 'peinado' general del parque público de viviendas, en 2004, los funcionarios del Gobierno vasco se han encontrado prácticamente de todo: un prostíbulo en pleno funcionamiento, un piso realquilado a extranjeros por habitaciones, un titular de VPO muerto dentro de su casa, una peluquería inaugurada sin permiso de la Administración autonómica y la consulta de un dentista.
El titular de un piso protegido le dijo a un inspector que si el contador de agua no reflejaba ningún consumo era porque se duchaba en el polideportivo municipal. Otro aseguró que no se había instalado en su vivienda porque había encargado los muebles de la cocina un año atrás y no se los habían traído.
