El caso de Portu Errota ha llegado al Parlamento europeo. Jon Iturribarria, propietario del molino de mareas que sobrevive en Urdaibai, una construcción del siglo XVII única en el mundo, reiteró ayer su pulso con el Gobierno español, al que acusa de querer «confiscar» el inmueble a través de la Ley de Costas. Junto a otros afectados por la aplicación de la normativa, Iturribarria solicitó a los eurodiputados que propongan la anulación de una ordenanza que «vulnera el derecho a la propiedad y viola la Carta de Derechos Humanos» al permitir al Estado expropiar «sin aportar ninguna compensación» a más de 300.000 afectados en todo el país.
La Cámara europea celebró ayer una sesión monográfica para debatir sobre esa legislación española. «La sensación ha sido muy positiva, han acabado de comprender el problema», aseguró un Iturribarria esperanzado. Según argumentó, parlamentarios como Izaskun Bilbao (PNV) y Carlos Iturgaiz (PP) mostraron su respaldo a los miembros de la asociación de perjudicados por la Ley de Costas. «Dicen que la situación es muy grave», añadió. Pese a todo, antes de emitir ninguna resolución, los políticos desarrollarán un debate interno para elaborar una lista de conclusiones oficiales.
Mientras, el propietario del Portu Errota, ubicado en Arteaga, seguirá con la lucha que mantiene «desde hace 16 años». Catalogado como monumento por Lakua y la Diputación, el molino no entra en los planes del Gobierno central, que quiere 'despejar' la ría de Urdaibai merced a la Ley de Costas, normativa que trata de proteger y cuidar el dominio público marino-terrestre y, especialmente, la ribera del mar. «Resulta inexplicable que el Estado se apropie de un edificio de mi familia construido en 1683 en base a una ley que entró en vigor en 1988. Aplican más de 300 años de retroactividad», lamenta.
Tras denunciar la situación ante el Tribunal de Estrasburgo a principios de año, Iturribarria calcula que la sentencia podría conocerse en unos «cinco años». Pero el plazo podría ser excesivamente largo, «puede que el tejado no aguante tanto tiempo», advierte el propietario del molino. En 2009, un temporal provocó importantes daños en el exterior del inmueble, que aún funciona y también sirve de vivienda para su propietario, pero la Demarcación de Costas negó los permisos necesarios para hacer reparaciones pese a que la Diputación instó a hacer arreglos para preservar el monumento. «La titular de la parcela es mi madre, ya fallecida, y como no tenemos título de concesión, ya que Costas no reconoce las escrituras de propiedad de bienes adquiridos legalmente con anterioridad a la publicación de la Ley, no nos autorizan a hacer nada», relataba Iturribarria hace un par de años.
Daños en el patrimonio
Y cuando los propietarios del molino pensaban que el inmueble no podía 'sufrir' más, la situación ha vuelto a empeorar en las últimas semanas. Según apuntan, Lakua, el Gobierno central y el Ayuntamiento de Arteaga han iniciado las obras para trazar un sendero junto al molino, «invadiendo» sus terrenos. «Ahora me atacan con excavadoras», lamenta Iturribarria, que tampoco se ha quedado quieto: ha denunciado el proyecto ante las consejerías de Medio Ambiente y Cultura del Gobierno vasco y la Diputación ya ha analizado 'in situ' la situación por si las labores han provocado daños en el patrimonio.
