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El Gobierno mantiene la jubilación anticipada a los 61 años en los despidos individuales

ECONOMÍA

El Gobierno mantiene la jubilación anticipada a los 61 años en los despidos individuales

El proyecto de ley de reforma de las pensiones permite esta posibilidad en los ajustes de plantilla por motivos económicos

23.05.11 - 04:23 -
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La jubilación anticipada a los 61 años -en el futuro seis años antes de la oficial- seguirá siendo una realidad para amplios colectivos de trabajadores en España pese al endurecimiento introducido con la reforma de las pensiones. Así se recoge en el proyecto de ley enviado por el Gobierno a las Cortes para su tramitación, que comenzará el próximo jueves. En el caso concreto de los despidos individuales, el Ejecutivo ha desarrollado el concepto de 'situaciones de crisis' contempladas en el Acuerdo Social y Económico (ASE) -suscrito con los sindicatos el pasado 2 de febrero- y fijado las posibilidades de acceso a una pensión a esa edad.
En concreto, el proyecto establece que podrán retirarse a partir de los 61 años los trabajadores con más de 61 y 33 cotizados que sean objeto de un ERE «por causas económicas autorizado por la autoridad laboral»; los que sean objeto de un «despido objetivo por causas económicas»; y también los que se produzcan dentro de un procedimiento concursal, por muerte o jubilación del empresario o por fuerza mayor. También se incluyen los casos de víctimas de violencia de género. El proyecto considera que en todos estos casos la salida del mercado laboral es forzada y no imputable al trabajador, y no se descarta que vía enmiendas se amplíen las causas económicas contempladas para los despidos colectivos.
Otro requisito para poder solicitar la prestación a esta edad es llevar seis meses en paro como demandante de empleo, como sucede en la regulación vigente en la actualidad.
Libre a los 63 años
Si no media alguna de las circunstancias citadas, los trabajadores tendrán que esperar a cumplir 63 años, con 33 cotizados, para poder decidir libremente pasar a la jubilación anticipada, un derecho objetivo pactado en el ASE y que no existía hasta ahora.
Tanto en unos casos como en otros, se aplicarán los correspondientes coeficientes reductores de la pensión, según los años que falten al beneficiario para cumplir la edad legal de jubilación, que estará entre 65 y 67, en función del tiempo cotizado por el trabajador o la fase de aplicación de la reforma laboral.
También en ambos supuestos, y a los únicos efectos de alcanzar los 33 años exigidos para acceder a la situación de pensionistas a las citadas edades, se computará el periodo de cumplimiento de servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria, con el máximo de un año. En la normativa actual ya es aplicable esta ventaja.
Otra novedad que introduce el proyecto de ley se refiere al cómputo trimestral, frente al anual vigente en la actualidad, del tiempo que falta hasta la edad legal de jubilación, que se utiliza para fijar las penalizaciones. Así, en el caso de que el trabajador tenga más de 38 años y medio cotizados, la penalización será del 1,625% de su pensión por trimestre (6,5% anual); mientras que si está por debajo de la cifra citada, el descuento será del 1,875% por trimestre (7,5% anual). En el primer caso se mejora lo pactado en el ASE, que solo contempla una penalización del 7,5%.
6,5% de penalización
Otro cambio que figura en el proyecto de ley, que empeora ligeramente la regulación actual, es la supresión del 6% anual de penalización para las carreras más largas de cotización, superiores a los 40 años, que pasa a ser del 6,5%, según la propuesta remitida a las Cortes.
Y para evitar posibles cargas futuras al sistema, el documento del Gobierno suprime la posibilidad de jubilarse voluntariamente a partir de los 63 años si al trabajador no le corresponde una pensión superior a la mínima por su situación familiar, establecida en ese momento. Esta disposición contraviene y endurece de alguna manera lo pactado en el ASE, que establece como única cautela que las pensiones resultantes de esta modalidad de retiro anticipado no podrán generar complementos de mínimos.
El Acuerdo Social y Económico incluye una limitación que tampoco es recogida en el proyecto de ley y que en principio beneficia al trabajador. Se trata de la supresión del apartado que indica que la penalización en la cuantía de la prestación «no podrá ser inferior al 33% ni superior al 42% de la base reguladora».
Tal y como está pactado en el ASE, el proyecto de ley mantienen la desaparición de la jubilación especial a los 64 años por contrato de sustitución -5.904 casos a lo largo de 2010- y conserva la jubilación a partir de los 60 para los que cotizaban al sistema antes de 1967, que tienen una penalización del 8% por cada año que les falte para cumplir los 65. Este extremo, sin embargo, será modificado para rebajar la penalización en función del tiempo cotizado.
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Zapatero y Gómez con los líderes sindicales y patronales en la firma del pacto social en febrero. :: EFE


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