«El futuro colegio de mi hijo es una ratonera»

Más niños que plazas escolares. Desde hace siete años, el problema de escolarización en Castro Urdiales se repite cada primavera. Que el crecimiento de la población infantil continúa imparable no es una novedad. Lo que sí es llamativo es la falta de previsión de las autoridades educativas, porque como en cualquier ciudad emergente la necesidad de aulas debería crecer en la misma proporción que los nuevos vecinos, premisa que aquí no parece cumplirse.

El próximo curso 2011-2012, medio centenar de niños de 3 años y unos 150 de otros niveles de Infantil y Primaria se han quedado sin plaza en sus centros de referencia, lo que obligará a la consejería de Educación en la mayoría de los casos a derivarlos a lo que hace tres años se denominó Colegio Público Número 6, en el antiguo edificio del colegio Menéndez Pelayo, en la calle Siglo XX. Desde el curso 2008-2009 se viene usando este inmueble para escolarizar a los alumnos que no han obtenido plaza en los centros elegidos. Actualmente reciben clases 72 estudiantes.

Esta situación ha provocado el malestar de algunos padres que han urgido tanto a los responsables municipales como regionales a que tomen las medidas oportunas para evitar que sus hijos sean trasladados a unas instalaciones que, según Margarita Fernández y Patricia Pino, dos de las madres de alumnos que se han quedado fuera del C.P. Riomar, «no reúnen las condiciones mínimas de escolarización».

A su juicio, el centro es inadecuado para impartir enseñanza, no sólo en cuanto a comodidades o instalaciones educativas, «sino lo más preocupante, por lo que respecta a la seguridad. Quieren meter a nuestros hijos es una ratonera», se quejan Fernández y Pino. Las madres afirman que la edificación presenta barreras arquitectónicas insalvables, el sistema eléctrico es antiguo y las paredes se descascarillan.

Además -continúan- todos los alumnos deben subir un piso y medio de escaleras de madera en mal estado para acceder a la entrada. «¿Cómo evacuarían a los niños en caso de emergencia?», se preguntan. A pesar de ser un edificio de estructura de madera (escaleras interiores incluidas), no tiene plan de evacuación de incendios y carece de salidas de emergencia. «Los Bomberos no podrían acceder al patio ni tampoco una ambulancia», relatan. «Para tranquilizarnos nos han dicho que van a dar una mano de pintura ignífuga en las escaleras para que en caso de incendio no ardan».

Sin alternativas

Ambas madres se cuestionan si «alguien realmente se ha planteado que lo que hay allí dentro son niños». Han solicitado a Educación un informe de prevención de riesgos laborales. Las madres de estos pequeños no descartan ir al juzgado y solicitar que un perito compruebe si se cumplen los controles mínimos. Confían en que un juez ordene el cierre cautelar del colegio y «construyan uno nuevo ya». No son las únicas en mostrar recelos. Incluso la consejera de Educación, Eva María Díaz Tezanos, admitió en una reunión con las AMPAS la situación de «irregularidad» del CP Número 6. «También el inspector encargado de la escolarización en Castro, José Luis Blanco, reconoció estas carencias -dicen las madres afectadas-, pero parte de la base de que no va a pasar nada». Este periódico contactó también con la directora del centro, que ha declinado hacer declaraciones.

La mayoría de las familias de los 19 niños sin pupitre en el C.P. Riomar han impugnado las listas de admisión por considerarlas «injustas» al tener preferencia los solicitantes empadronados en las pedanías frente a los residentes en el área de influencia, «lo cual nos deja en situación de desigualdad». Su malestar se ha traducido en varias cartas a la consejería de Educación, al Ayuntamiento y al director del colegio.

En los diferentes escritos reclaman crear aulas provisionales en otros núcleos, habilitar una segunda línea de enseñanza en el colegio concertado Menéndez Pelayo o aumentar el ratio de alumnos en el resto de escuelas. Aunque la «solución ideal» pasa por construir un nuevo colegio, son conscientes de que esa vía es, hoy por hoy, una «quimera». «El asunto está paralizado debido a las diferencias que mantienen la Administración cántabra y la municipal».

Desde el Gobierno de Cantabria reconocen que un colegio público de Infantil y Primaria es la «primera prioridad educativa del municipio», pero responsabilizan de la situación actual al Ayuntamiento que «no nos cede un terreno idóneo». En este sentido, la viceconsejera regional, Dolores Gorostiaga, anunció el mes pasado que el sexto colegio tendrá que esperar y que dado que «no se atiende a sus demandas» ha decidido poner en marcha su «otra prioridad», la construcción del tercer instituto.