Telefónica planea primar con 450 millones a sus directivos tras anunciar 5.600 despidos

Telefónica propondrá a la junta general de accionistas, convocada para el 18 de mayo, un pago de dividendos que totalizará 6.900 millones de euros -0,75 euros por acción el 6 de mayo y 0,77 euros por título en el segundo semestre-, así como una retribución extraordinaria a un colectivo de hasta 1.900 directivos. De cumplirse determinadas condiciones, este incentivo podría representar un importe total de 450 millones.

Un primer plan, denominado PIP, abarca los próximos cinco años, aunque sus efectos se extenderán hasta el 1 de julio de 2016, porque los abonos se llevarán a cabo por trienios. Los títulos que efectivamente se reciban dependerán de la trayectoria que sigan las acciones de la operadora respecto a un grupo de sociedades competidoras. Al término del primer ciclo, el presidente de la sociedad, César Alierta, podría recibir acciones hoy valoradas en 7 millones de euros. Los otros dos principales directivos, Julio Linares y José María Álvarez-Pallete, sumarían títulos por importe de 6,5 millones de euros. Para el total del periodo, la compañía ha estimado un 'techo' de 37 millones de euros adicionales.

Telefónica también planteará a la junta un plan de incentivos a largo plazo, que consistiría en la entrega de acciones a empleados para premiar su permanencia en la compañía. Esta propuesta incluye asimismo un programa adicional de compra incentivada de títulos por un periodo de dos años. Las estimaciones previstas arrojan un coste total de 115 millones de euros.

El informe de responsabilidad corporativa, publicado igualmente para conocimiento de los accionistas, revela que la retribución de los miembros del consejo de administración de Telefónica ascendió a 27,61 millones de euros el pasado año, incluidas las remuneraciones por la participación en los órganos de administración de las empresas del grupo. En ocasiones precedentes, el presidente de la operadora ha dado a conocer en detalle su retribución concreta en el marco de la junta.

Mientras tanto, se suceden las reacciones al anuncio de que la operadora plantea recortar un 20% su plantilla -unos 5.600 trabajadores- en España a lo largo de los tres próximos años. «No estoy de acuerdo, más claro no puedo ser», zanjó el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

«Sangrante y sonrojante»

Anteriores expedientes de regulación de empleo de Telefónica han sido finalmente negociados, y los sindicatos confían en que la situación actual no constituya una excepción. No obstante, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, instó a la operadora a corregir la imagen «sangrante y sonrojante» generada por la compañía al coincidir el anuncio de la reducción de puestos de trabajo con el de la nueva campaña de retribución a los directivos. La central de inspiración socialista es en la actualidad el sindicato de representación mayoritaria en la compañía de telecomunicaciones.

Un grupo parlamentario, el conformado por Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, ya ha presentado una proposición no de ley ante el Congreso «en apoyo a los trabajadores de Telefónica y frente a los despidos masivos anunciados». Puesto que los beneficios 'récord' de la compañía demuestran que no sufre problemas de viabilidad, reclaman que en ningún caso pueda acudir a los mecanismos de los expedientes de regulación de empleo, ni tampoco a la cobertura con fondos públicos de las prestaciones a los trabajadores. Para el coordinador de IU, Cayo Lara, «debería estar tipificado como delito» el que empresas con beneficios como los de Telefónica, cifrados en más de 10.000 millones de euros, «sigan despidiendo a trabajadores».