El fiscal denuncia por prevaricación al exdirector de Sanidad de Vizcaya

La Fiscalía del Tribunal Superior del País Vasco ha denunciado al exdirector de Sanidad de Vizcaya, José Ramón Elorriaga, por un presunto delito de prevaricación, es decir, por dictar una resolución a sabiendas de que no se ajusta a derecho. La prevaricación está relacionada con la autorización de instalación y funcionamiento que Elorriaga dio a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, de la que era socio el exjefe de calidad del hospital de Cruces, José Carlos Margüello. Elorriaga concedió este permiso pese a que la citada firma carecía de medios y personal para ofrecer servicios sanitarios. De hecho, toda su infraestructura era un piso con dos empleadas en tareas administrativas.

El viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, reveló ayer en la comisión del Parlamento que investiga el 'caso Margüello' que la denuncia del fiscal está ya en manos del titular del juzgado número 7 de Vizcaya, quien ya ha decidido abrir diligencias previas para investigar los hechos.

La Fiscalía ha actuado en base al informe que sobre la actuación de Elorriaga le remitió en su día el Gobierno vasco. Después -tras conocer el dictamen del Tribunal Vasco de Cuenta Públicas sobre las contrataciones de Sanidad con empresas externas entre los años 1996 y 2009- ha ampliado su denuncia. Considera que también se puede imputar delitos de malversación de caudales públicos, fraude y de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Esta ampliación de las acusaciones está aún pendiente de que el juez decano designe un instructor.

La intervención del viceconsejero de Sanidad en el Parlamento fue rotunda en el sentido de que no se limitó a contestar a las preguntas de los comisionados, sino que ofreció una versión de los hechos. El miércoles, el exconsejero nacionalista Gabriel Inclán acusó a su sucesor, Rafael Bengoa, de tener animadversión a su persona y, por ello, se creó el 'caso Margüello', «como tapadera a su gestión». Ayer le llegó la respuesta. Fernández manifestó a los periodistas que «hay que empezar ya a hablar de 'caso Inclán', en vez de Margüello, porque el entramado de graves irregularidades no se pudo hacer sin el conocimiento de las máximas autoridades del Departamento del anterior Gobierno».

Según Jesús María Fernández, la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI se creó expresamente para hacerse con las listas de espera que luego, al carecer de infraestructura, derivaba a la clínica San Francisco Javier. Por esta intermediación cobraba una comisión de entre el 5% y el 20% de cada intervención. El coste para el erario público fue de siete millones de euros entre 2006 y 2008.