Los jueces reviven el fantasma del parque eólico de Ordunte

El 23 de marzo de 2006, el Gobierno vasco informó negativamente del estudio de impacto ambiental presentado por la firma Eólicas de Euskadi para construir un parque eólico en la sierra de Ordunte, uno de los enclaves de mayor valor naturalístico de Vizcaya, por su alto coste para el entorno. El Ejecutivo autonómico rechazaba así una iniciativa que había despertado una ola de indignación ecologista y ciudadana en Las Encartaciones, además de la oposición de las autoridades forales y locales. La resolución aprobada hace cinco años fue acogida como una gran victoria por parte de los opositores al plan, que dieron por sentado que la infraestructura no se construiría jamás.

Sin embargo, la empresa decidió judicializar el caso. Un lustro después de que Medio Ambiente enterrara el proyecto, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de anular aquella Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que resultó negativa. Los magistrados entienden que la decisión no estuvo suficientemente justificada y que contenía «multitud de vicios y errores». Uno de los defectos que los jueces han querido destacar es el hecho de que el Gobierno vasco no detallara cuál iba a ser la «banda de afección» o superficie afectada por la instalación de los molinos. Por todo ello, el TSJPV exige al Ejecutivo autonómico que evalúe de nuevo la huella que tendría el parque eólico sobre el enclave natural.

El fallo judicial reaviva el fantasma de la central en la medida que abre una puerta por la que se podría colar el proyecto, en un momento en el que ecologistas e instituciones lo daban por muerto y enterrado. Sobre todo después de que el Gobierno vasco, ayuntamientos y la Diputación firmaran en febrero del año pasado el llamado Pacto Eólico, que expresamente se rechaza una instalación de este tipo en Ordunte.

Eólicas de Euskadi, que actualmente pertenece íntegramente a Iberdrola tras la salida en 2008 del Ente Vasco de la Energía (EVE), no desveló ayer si seguirá adelante con la iniciativa o la da por amortizada. «El que tiene que hablar ahora y hacer lo que le pide la sentencia es el Gobierno vasco; después decidiremos si retomamos o no la tramitación de la infraestructura», aseguró ayer un portavoz de la empresa dirigida por Ignacio Sánchez Galán. Por su parte, fuentes del Departamento de Industria del Ejecutivo autonómico se mostraron seguras de que «pase lo que pase» a partir de ahora ese parque no llegará nunca a construirse, porque «hay un consenso general de que es una zona de alto valor ecológico».