El vecino de la concordia

Todos buscamos lo mismo al llegar a casa. Siempre hay un refugio detrás de la puerta, hasta que empieza a sonar a todo volumen la música preferida de otro. Quizá sea el martilleo del bricolaje a deshoras o los ladridos de un perro encerrado en la lonja de al lado. Los ruidos pueden desquiciar y hay cosas peores, cuando las pullas entre vecinos suben de tono y la escalera se convierte en territorio hostil. En Bilbao, como en cualquier ciudad, hay focos de tensión que deterioran el día a día de las comunidades, y el equipo encargado de atajarlos cada vez tiene más trabajo. El Observatorio de la Convivencia atendió más de cien casos el año pasado, el triple que el anterior.

Empezó a funcionar a finales de 2007 y su primer balance recoge doce actuaciones, que se elevaron a 32 en 2009. La responsable de la unidad, Begoña Muñiz, no atribuye esta subida «exponencial» a una oleada de indignación en los portales, sino a que la gente está descubriendo la utilidad de la mediación. Por ejemplo, para lograr que una persona con síndrome de Diógenes acceda a abrir las puertas de su casa para una limpieza, lo que evita pedir una orden judicial; para eliminar rincones oscuros donde se acumulaban preservativos y jeringuillas junto al colegio de Miribilla; o para que una señora deje de alimentar a los gatos callejeros en una plazuela. «Estaba convencida de que el Ayuntamiento los sacrificaba en lugar de llevarlos a la perrera».

Todo esto con ruidos de fondo. De talleres, lonjas, residencias y domicilios particulares. También perturban la paz cotidiana los pisos con demasiados inquilinos y las plazas de aparcamiento en grupos de viviendas donde unos coches impiden el paso a otros. No facilitan datos más concretos de su labor, ni una sola referencia personal, «porque la gente dejaría de confiar en nosotros», enfatiza Muñiz. Continuamente llegan casos nuevos a través de la Policía Municipal, los consejos de distrito o los escritos que se presentan en el Registro. Cada semana reciben ocho propuestas por término medio, «aunque no podemos entrar en todos los problemas».

Intentan mantenerse al margen de las rencillas entre dos vecinos, «salvo si el enfrentamiento es muy fuerte o se encona», y dan prioridad a los temas que afectan a comunidades enteras o a varios bloques de viviendas, con cientos de residentes. El ambiente enrarecido no se queda en el portal. La «ocupación abusiva del espacio público» es uno de los principales motivos de intervención. A los vecinos les indigna ver a gente ociosa que se apropia de una plaza o una calle y la deja marcada. Alborotos, suciedad o escenas de trapicheo, como tantas veces denuncian en Bilbao La Vieja.

San Francisco tiene su propio Equipo de Gestión de Conflictos (EGC) desde mayo de 2010, siguiendo los pasos de Otxarkoaga. El Observatorio de la Convivencia ofrece respuestas de diferente intensidad, según explica el concejal de Seguridad, Eduardo Maiz, de quien depende esta unidad administrativa. Para el servicio de mediación se ha contratado a una entidad especializada. Cuando el problema afecta «a mucha gente y a varias áreas municipales» y crea «alarma social» se recurre a estos equipos de trabajo, que se reúnen todos los meses.

Ida y vuelta a los juzgados

El de Otxarkoaga, que se puso en marcha en 2009 dentro del proyecto 'Imagina', está formado por Viviendas Municipales, Acción Social, Educación, Seguridad y el propio Observatorio. Ha logrado resultados «óptimos», asegura Maiz. De aquí salió la idea de los pisos de alquiler para universitarios que realizan trabajos para la comunidad, que ha contribuido «a tranquilizar» una zona donde había viviendas vacíos y algunas familias conflictivas. El equipo de San Francisco «precisa un mayor recorrido» por los problemas de drogas, prostitución y marginación que se concentran en estas calles. Aquí también participa la Oficina de Rehabilitación de Bilbao La Vieja y el área de Mujer, Cooperación y Ciudadanía, debido al peso de la población inmigrante.

Cuando se desatan conflictos de cierto alcance en otros barrios, es el Observatorio el que coordina a las áreas municipales. De una u otra forma, resuelve el 62% de los casos. El resto entra en la vía judicial, «aunque a veces vuelven, porque hay muchos temas para los que los juzgados no tienen respuesta». Se ponen multas testimoniales porque el destinatario se declara insolvente. Otros se derivan a servicios de mediación familiar, a Bizilagun, que ofrece asesoramiento sobre vivienda, o a protección de menores. Algunas actuaciones destapan cobros irregulares de ayudas sociales.

El Ayuntamiento ejerce de vecino conciliador paso a paso. Primero escucha al que se queja y luego se dirige a la otra parte «para conocer su verdad». Suelen convocarles por escrito y «son muy pocos los que no acuden». Pero no siempre es fácil encontrar al interlocutor. Cuando el problema es la concentración de gente en la calle, las mediadoras buscan a los «líderes naturales», tiran del hilo de «lo que les congrega allí» y contactan con las asociaciones de referencia.

En cada proceso se celebran «cinco reuniones por término medio, aunque pueden ser diez». Se busca una solución «de consenso» que a veces se plasma por escrito. Tiene que ser un acuerdo «específico, equilibrado, realista y claro, evitando jergas legales o de otro tipo». Las cláusulas no tienen validez legal pero hacen que los firmantes se sientan más «vinculados» a los compromisos adquiridos. Luego se hace un seguimiento para ver si se cumplen o si es necesario «reconducir la situación de forma dialogada». Siempre con prudencia, en zapatillas, para no añadir más ruido a la escalera.