¿Me alcanzará la pensión para vivir después de la última reforma del sistema? Miles de trabajadores se formulan esa pregunta desde hace semanas. La respuesta puede ser esperanzadora a la vista del efecto que han tenido en la cuantía de las prestaciones los cambios legales aprobados desde hace 25 años y pese a los profundos cambios pactados por el Gobierno y los agentes sociales, cuya entrada en vigor será paulatina hasta 2027. Se trata de una revisión dura, que se resume en trabajar más tiempo, jubilarse más tarde y cobrar menos llegado ese momento, pero que afectará de manera diferente a cada afiliado a la Seguridad Social en función del tiempo cotizado y de las cantidades aportadas durante la vida laboral.
Dejando aparte el retraso de la dad de retiro y la elevación a 37 años del tiempo de cotización para conseguir una pensión 'completa', el otro gran cambio, el que supondrá un recorte de la pensión futura, es la elevación desde los 15 años actuales a los 25 del periodo de cómputo que se utilizará para calcular su importe. La medida no constituye una novedad: la ampliación de esa variable comenzó en 1985, cuando era de dos años, y se ha desarrollado en dos etapas; una circunstancia que no ha impedido una fuerte subida de las prestaciones.
Casi el doble que el IPC
Esas actuaciones perseguían garantizar el futuro del sistema, al igual que la adoptada ahora. Sus efectos sobre la cuantía de las pensiones no han sido tan dramáticos como profetizaron algunos colectivos. En los 25 años que lleva aplicándose esa fórmula -el último retoque se produjo en 2003 al pasar de 8 a 15 ejercicios-, la prestación media de jubilación ha crecido casi el doble que los precios, lo que supone una clara mejora de la situación.
Según los datos utilizados en la dura negociación protagonizada en enero por el Gobierno y los sindicatos, su importe era en 1985 de 197 euros (32.779 pesetas), y el pasado año, de 893 euros, antes de la revalorización del 1,3% aprobadapor el desbordamiento de la inflación en el pasado ejercicio. Ese ascenso equivale a un 353%, cuando la inflación acumulada en ese periodo fue del 162%, según el Instituto Nacional de Estadística.
En otras palabras, si esa prestación hubiera crecido al ritmo del IPC durante estos 25 años, habría llegado a los 516 euros, poco más de la mitad de la cuantía que ha alcanzado.
Las cifras corresponden a la pensión de jubilación, que es la más elevada de las existentes en el sistema -invalidez, viudedad, orfandad y favor familiar son las otras-, pero la evolución en todos los casos es similar, ya que el origen de todas ellas está en la base reguladora, complementos de mínimos aparte.
Indudablemente, si el periodo de cómputo no se hubiera ampliado desde 1986, el aumento habría sido superior -tal vez entre un 10% y un 15% más-, pero la reforma se hizo para garantizar la viabilidad del sistema en los términos de financiación en que está concebido.
Las razones del ascenso
¿Por qué han seguido subiendo las prestaciones a ese ritmo tan elevado pese a las medidas de recorte? Son varias las razones y los cambios en la regulación que lo han hecho posible, que han facilitado que el sistema se comporte como un organismo vivo, sujeto a continuas mutaciones, y le han permitido, como si de una evolución darwiniana se tratara, su adaptación al nuevo entorno para sobrevivir.
Una de las causas principales de ese incremento hay que buscarla en unos incrementos salariales que, al menos hasta hace una década, superaban ligeramente a la inflación. La cotización de un trabajador a la Seguridad Social -merced a conceptos como la antigüedad, los ascensos de categoría, las mejoras pactadas en los convenios y otras retribuciones voluntarias- tiende a crecer con el tiempo por encima de los precios, de tal forma que el efecto de tomar más años para el cómputo final no tiene consecuencias dramáticas. Incluso hay algunos casos en que el empleado sale beneficiado con la nueva fórmula si ha tenido largos periodos de inactividad en la parte final de su vida laboral.
Otro factor que ha incidido en esa mejora es que las pensiones que causan baja por fallecimiento de su titular son sustituidas en el cálculo por las nuevas que se generan, que son más elevadas.
Un hecho ha contribuido a ello: cada vez hay menos prestaciones de jubilación del régimen agrario, que son más bajas que las del régimen general y los autónomos. Esta circunstancia no se va a repetir en el futuro, pero otros cambios que ya se vislumbran o están en marcha tomarán el relevo y contribuirán a elevar la cuantía media, lo que permitirá que la progresión siga en el futuro en términos similares a los vistos hasta ahora, según algunos expertos.
Por otro lado, también ha sido esencial para la mejora de las pensiones el denominado 'destope' de los grupos de cotización, una actuación que puede encontrar continuidad en la elevación de los máximos existentes en la actualidad -3.230 euros al mes, 38.760 al año- que cada vez están más cerca de la media del sistema y alejados de las retribuciones de nivel elevado. Es previsible que en el futuro estos máximos crezcan a mayor ritmo que en los últimos años para acercarlos a los salarios reales de los trabajadores con mayores ingresos. No obstante, la medida, para ser efectiva, debería conllevar la fijación de nuevos topes para la prestación máxima, que este año es de 2.498 euros al mes (34.972 euros al año).
Subir la recaudación
Sin tener que elevar las bases de cotización en los próximos ejercicios-una medida totalmente descartada-, la Seguridad Social tiene ya en marcha instrumentos que permitirán elevar la recaudación media por trabajador, más allá de las subidas de las bases máximas y mínimas que suelen ir acompasadas con la inflación.
Por ejemplo, la mayor cotización que supone la reforma del régimen especial agrario dejará sentirse en los próximos años. Lo mismo sucederá con la del régimen de empleados de hogar, cuando se aborde en los próximos meses. Mayores cotizaciones generarán mayores pensiones en el futuro, una consecuencia que el sistema ha asimilado en el pasado sin riesgos excepcionales para su supervivencia.
Por el lado de las cotizaciones voluntarias, propias de los trabajadores autónomos, no cabe duda de que este colectivo se verá obligado a elevar sus bases de cotización a partir de la reforma si quiere mantener sus expectativas de pensión. Lo habitual en este colectivo es cotizar por la base mínima y pasar a la máxima permitida cuando les faltan para jubilarse los mismos años que se tendrán en cuenta para calcular la base reguladora, ahora 15 y 25 en 2027. Los que han sido 'sorprendidos' por este cambio tienen un margen limitado de reacción y su prestación se verá seriamente afectada, como puede observarse en el ejemplo adjunto.
¿Cuál es el riesgo, entonces, de la reforma para la existencia de unas pensiones dignas? No parece haber dudas de que la prestación media del sistema seguirá creciendo por las causas citadas, pero en el caso individual de los asalariados -en los que el volumen de la cotización no depende una decisión personal- el peligro está en que sus retribuciones crezcan menos que la inflación, o de forma paralela. Precisamente, se trata de un debate que está ahora en candelero, tras la recomendación de Angela Merkel y Nicolas Sarkozy de que la referencia para las subidas sea la mejora de la productividad.
