Los médicos certificarán muertes para evitar autopsias banales

Las muertes por causas naturales, cuando no existan sospechas de criminalidad o de un origen violento -como un accidente-, serán certificadas por los médicos de Osakidetza sin que haya que practicar la autopsia al cadáver. Así lo dispone un convenio firmado ayer en Bilbao por los departamentos de Sanidad y de Justicia, cuyos responsables pretenden «racionalizar» la presencia de los forenses en los fallecimientos, una costumbre frecuente, a pesar de que en muchas ocasiones «carece de interés médico-legal o judicial».

La viceconsejera de Justicia, María Victoria Cinto, explicó que el acuerdo tiene un «profundo sentido humano», pues su finalidad es «facilitar una actuación más eficaz y humana de la Administración pública ante la familia y las personas allegadas del fallecido». Según el convenio, los óbitos debidos a causas «evidentemente naturales» serán certificados en el momento», lo que ahorrará a los deudos la «invasión de la privacidad» que supone el procedimiento instado por un juez. Se trata, aclaró María Victoria Cinto, de desterrar «sospechas no fundadas sobre un posible origen criminal de la muerte».

Casi mil autopsias judiciales

El pasado año se trataron judicialmente 957 fallecimientos en Euskadi, en 447 de los cuales medió la violencia, mientras que 502 se debieron a causas naturales. Otros ocho se encuentran «en estudio», de acuerdo con los datos de Osakidetza.

El convenio entre Justicia y Sanidad pretende aprovechar mejor los medios del Instituto Vasco de Medicina Legal, de manera que sólo los episodios de violencia o los vinculados presuntamente a un delito, así como los fallecimientos de jóvenes sin una razón conocida, deban comunicarse al juzgado. El único supuesto de actuación y responsabilidad conjunta de Osakidetza y la Administración de Justicia serán las muertes de todo tipo que se hayan producido en un servicio de urgencias o en centros de atención primaria.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012 y se renovará anualmente. La extensión a toda la red sanitaria vasca será paulatina y se dividirá en tres fases: unidades de cuidados intensivos móviles, servicios de urgencias hospitalarias y urgencias extrahospitalarias. El director general de Osakidetza, Julián Pérez, insistió en que el cambio reducirá «la burocracia entre las administraciones» y ayudará a humanizarlas. Para analizar el funcionamiento del convenio y resolver las incidencias y problemas de interpretación, Sanidad y Justicia han establecido una comisión de seguimiento.

María Victoria Cinto subrayó que el acuerdo es fruto de una larga gestación. La viceconsejera, magistrada de profesión, explicó que la Administración judicial debe ceñirse a investigar los episodios violentos o con indicios delictivos. Agregó que las autopsias judiciales constituyen una «invasión del ámbito íntimo y sólo encuentran justificación en los supuestos en que no existe otra alternativa para el cumplimiento de la ley».