El último proyecto presentado por Karrantzako Minda al Gobierno vasco para construir la planta de purines de Carranza, remitido con las obras ya en marcha, no solucionaría el problema medioambiental que sufre el valle por los desechos de la cabaña ganadera. Además de duplicar el presupuesto de 12 millones previsto inicialmente, los estudios más recientes utilizados por la promotora siguen evidenciando «importantes» lagunas que «cuestionan» la viabilidad ambiental y económica de la iniciativa, que ha absorbido ya once millones de euros de gasto público antes de entrar en punto muerto, con las obras ejecutadas apenas en un 30%.
Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de los informes que el Departamento vasco de Medio Ambiente encargó a la UPV y a Neiker para analizar el proyecto. El área que dirige Pilar Unzalu solicitó estos estudios hace unos pocos meses al percibir «numerosas indefiniciones» y «problemas» en la ejecución de la planta de purines, cuya construcción se vio paralizada al tiempo que la UTE encargada de su construcción decidiese romper el contrato por problemas con los cobros. Hasta el momento, el proyecto ha recibido unos 5 millones del Gobierno vasco, 4 millones de la Administración central y otros 2 de la Diputación. El Ejecutivo autonómico, sin embargo, decidió no aportar más dinero -todavía tiene pendiente de desembolso unos 3 millones- hasta que no se aclaren las incertidumbres que pesan sobre la infraestructura, diseñada para convertir en energía y fertilizantes los desechos vacunos de la zona, una de las pocas que ha sufrido problemas con el suministro de agua potable.
Los informes de Neiker y la UPV coinciden en criticar la falta de previsión de la promotora por obviar determinados aspectos clave para el desarrollo de la instalación. Es decir, no se han tenido en cuenta algunos requisitos indispensables para solucionar el problema medioambiental de la zona y para, además, hacer que la planta sea viable económicamente. «Ha faltado el más mínimo rigor empresarial por parte de Karrantzako Minda. Da la impresión de que, al contar con financiación pública, lo importante era arrancar el proyecto e ir dando soluciones a los problemas que se fueran planteando», resume el estudio de la Universidad.
A este respecto, el informe de la UPV señala que las obras han comenzado «sin tener definidas ni valoradas» las posibles soluciones a la salida y a la recepción de productos que generará la planta. También apunta que la construcción se ha iniciado «sin un presupuesto riguroso» y «sin un estudio de viabilidad económica» para su explotación.
Alternativas
El informe de Neiker señala, asimismo, diversos «puntos confusos» en las distintas alternativas que presentó con las obras ya iniciadas la promotora, a la que reclamaron información complementaria para despejar las «incongruencias» del proyecto. Los datos aportados, sin embargo, no solucionan las deficiencias detectadas por los técnicos. Una de las principales lagunas ambientales del diseño es la que se refiere a la salida de los purines ya tratados. Según apunta el documento suscrito por los técnicos de Neiker, «ningún efluente» de la infraestructura podrá ser utilizado en las parcelas del valle, que están ya «saturadas». Además, también subraya que se debe buscar una salida al nitrógeno que genere la planta y que se debe estudiar el coste económico que tendría esta operación. En definitiva, diversos problemas de funcionamiento que no se han planteado «dentro del proyecto».
Además de proponer una serie de soluciones, Neiker no duda en censurar que no exista un «estudio serio» sobre una iniciativa en la que se ha invertido una «cantidad enorme» de recursos y que se encuentra en una situación «delicada». El informe de la UPV asegura que, llegados a este punto, «no parece muy viable» que el Gobierno vasco se «desentienda del proyecto». Pero recalca que, antes de aportar nuevas subvenciones, resulta «absolutamente necesario» resolver las incógnitas que planean sobre el proyecto. Entre ellas, mantiene que se debe decidir qué solución se dan a los purines tratados y «garantizar los suministros» para la planta. Una vez decididas las alternativas, se debería elaborar el «presupuesto definitivo», insiste el texto, que también plantea la posibilidad de implicar a la Diputación en el desarrollo del proyecto.
