Las Juntas Generales aprobaron ayer una propuesta en la que se pide a las administraciones implicadas que realicen las gestiones necesarias para paralizar la construcción de una urbanización de lujo junto a la playa de La Arena, entre Muskiz y Zierbena. La iniciativa, que fue presentada por el PP, salió adelante con los apoyos del PSE y Aralar, la abstención de EB y el voto en contra del PNV.
El apoderado popular Arturo Aldecoa subrayó que las casas que se proyectan construir se asientan «en plena marisma». Según dijo, las administraciones han «mirado hacia otro lado» a la hora de conceder los permisos necesarios para llevar adelante la urbanización. Aldecoa recalcó que si esta zona se cubre con más rellenos y escombros se generará un «tapón» que causará «inundaciones en otras áreas».
El juntero del PP no dudó en calificar de «auténtica vergüenza» que se haya dado luz verde a las obras de la urbanización de los Tamarises. Sobre todo, entre unos dirigentes que «se llenan la boca» de «proclamas medioambientales» pero que «no se preocupan» cuando «se va a cometer una tropelía real» para «beneficio de algunos». «Esto es inadmisible, y no sólo por el daño ambiental irreversible que se causa a uno de los pocos humedales que nos quedan», remarcó Aldecoa.
Por todo ello, la propuesta aprobada en la Cámara vizcaína solicita a la Diputación que se ponga en contacto con el Ayuntamiento de Muskiz, el Gobierno vasco, el Ejecutivo central y la Demarcación de Costas para «paralizar» la urbanización. Además, pide la retirada de «rellenos y escombros» que ya están depositados -que grupos ecologistas consideran peligrosos-, la limpieza de la marisma, «su protección legal» y la «depuración de las responsabilidades» que puedan existir por el estado en que se encuentra el área.
Una década de litigios
La propuesta aprobada ayer se produce poco tiempo después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) diera la razón de forma parcial a Petronor y obligara al Ayuntamiento de Zierbena y al promotor inmobiliario a realizar una modificación urbanística en esta misma zona. En un primer momento, la parcela reservada para el proyecto iba a invadir los terrenos que forman parte de la servidumbre de protección de un oleoducto que atraviesa la zona, vulnerando el margen de seguridad de 20 metros que establece la ley.
El fallo fuerza ahora al equipo de gobierno local a introducir cambios puntuales en el expediente como requisito indispensable para dar inicio a los trabajos de construcción. El alcalde de la localidad, Marce Elorza, sostiene que el fallo judicial supondrá una «pequeña demora, pero nada que no se pueda arreglar en un corto plazo de tiempo, quizá un par de meses».
En este sentido, se mostró convencido de que este último percance no supondrá un problema para la viabilidad de una iniciativa que lleva casi una década de complejos trámites burocráticos. El litigio entre la empresa de hidrocarburos y la institución local se remonta al año 2008, cuando Petronor impugnó el acuerdo adoptado por el pleno municipal por el que se aprobaba el estudio detalle de la nueva barriada.
