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Los inmigrantes irregulares con hijos nacidos en España tendrán papeles

borrador del reglamento de la Ley de Extranjería

Los inmigrantes irregulares con hijos nacidos en España tendrán papeles

Las extranjeras maltratadas y sus descendientes lograrán la residencia durante cinco años si su pareja es condenada

09.02.11 - 03:14 -
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Los padres inmigrantes con hijos menores de edad que tengan la nacionalidad española podrán acceder a la residencia legal, según establece el borrador del reglamento de la Ley de Extranjería, hecho público ayer por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Ese texto incluye la novedosa figura del 'arraigo familiar', que se une a los ya existentes del arraigo social y arraigo laboral.
La nueva fórmula permitirá acceder a los ansiados papeles a los progenitores extracomunitarios siempre y cuando el niño esté a su cargo y conviva con ellos. Los padres también conseguirán ese arraigo, y por ende el permiso de residencia, cuando los hijos sean de padre o madre que hubiesen sido «originariamente españoles».
El motivo de la introducción de este 'arraigo familiar', explicaron fuentes del Gobierno, es de origen humanitario: se han dado muchos casos en que hay niños de nacionalidad española que no son expulsables, pero que corren el riesgo de quedar desamparados porque sus padres se encuentran en situación irregular. Además, en la mayoría de los casos, estos pequeños se encuentran en una situación de discriminación porque, aun siendo españoles, no pueden acceder a las ayudas y subvenciones porque sus progenitores no pueden solicitarlas al no tener papeles.
Este cambio legal beneficiará a miles de personas, en su mayoría a sudamericanos, pero, ni mucho menos, a todos los padres de niños que hayan nacido en España. Responsables de la redacción de este borrador, cuyo texto final no estará listo antes de dos meses, recordaron que en España el principio que impera es el de 'sangre' (ius sanguinis), por lo que sólo se obtiene la ciudadanía por el origen de los padres y no el lugar de nacimiento, como ocurre en otros países.
Así, las madres embarazadas que llegan en pateras y que dan a luz en España no podrán acceder a la nacionalidad ya que sus hijos nunca han sido españoles. No es así con la mayoría de los países latinoamericanos, en los que la actual legislación permite que si los padres no inscriben al recién nacido en el consulado de su país, éste pasa a ser español. Así ocurre con los colombianos, argentinos, costarricenses, cubanos, bolivianos o, desde hace un par de años, con los ecuatorianos.
Los otros 'arraigos'
El borrador, que tiene 264 artículos y que a partir de ahora será analizado por agentes sociales e instituciones, también redefine los otros dos arraigos ya existentes. Del 'laboral' podrán beneficiarse todos los extracomunitarios, sin antecedentes penales, que prueben que llevan viviendo en España más de dos años y que en ese tiempo han tenido relaciones laborales superiores a los seis meses.
El arraigo 'social', por su parte, permitirá conseguir papeles a los inmigrantes que logren acreditar la permanencia en España durante un período mínimo de tres años. Estos solicitantes no podrán tener antecedentes penales en los últimos cinco años y deberán presentar un contrato de trabajo por un tiempo igual o mayor de un año. Esos aspirantes a la residencia han de demostrar asimismo lazos familiares en España o presentar un informe de los servicios sociales que acredite su integración.
Otra de las novedades es la protección a las mujeres maltratadas. Las extranjeras que hayan sufrido violencia de género y que, tras la denuncia, su pareja haya sido condenada por esos hechos, lograrán automáticamente un permiso de residencia y trabajo por un lustro, un periodo en el que, además, podrán tramitar su petición para la residencia de larga duración. Los hijos menores de edad de las maltratadas también conseguirán la residencia y, en el caso de que tengan más de 16 años -edad mínima laboral-, también podrán acceder a la autorización de trabajo. Eso sí, si no hay condena contra el presunto agresor, se denegarán todas las autorizaciones y se reanudará el proceso de expulsión, que habría quedado en suspenso tras la primera denuncia.
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