La alcaldesa de Zamudio deja el Ayuntamiento

La alcaldesa de Zamudio, Sorkunde Aiarza, dejó ayer su cargo al frente del Ayuntamiento vizcaíno. Lo hizo a raíz del auto emitido por el Juzgado de lo Penal número 7 de Bilbao que, una vez agotado el abanico de recursos judiciales, ha solicitado la ejecución de la sentencia que la inhabilita para ocupar cargos públicos en «corporaciones locales u análogos» durante los próximos 9 años. La regidora vizcaína fue condenada el pasado junio por cometer un delito de prevaricación -tomar una decisión a sabiendas de su injusticia- al ordenar el derribo de una pequeña obra que un vecino realizó en sus propiedades.

Finalmente, Aiarza tampoco irá en las listas del PNV en las elecciones forales y municipales del próximo 22 de mayo, según confirmaron fuentes del partido en Vizcaya. Una vez conocido el fallo judicial, la regidora fue incorporada en el sexto puesto de la candidatura jeltzale en la circunscripción de Busturia-Uribe para las Juntas Generales. La formación nacionalista consideraba que la condena afectaba únicamente a cargos de representación municipal y no a los forales. Por eso, después del fallo del Juzgado de lo Penal confirmado por la Audiencia provincial, solicitaron a los jueces una aclaración de la sentencia.

Este último recurso también fue rechazado por los tribunales a finales de diciembre y la pasada semana el Juzgado comunicó a las partes el auto de ejecución de sentencia. En este documento también se advertía a la alcaldesa de que se «abstenga» de realizar «cualquier acto» que «contravenga» la pena impuesta y le recordaba que, en caso de incumplir el fallo, estaría incurriendo en «un nuevo delito de quebrantamiento de condena». Asimismo, los jueces pedían que se enviasen las sentencias a la Junta Electoral. Ante esta situación, el PNV ha desistido de incorporarla a las listas para el 22 de mayo.

El caso que ha derivado en la inhabilitación de Aiarza se remonta a octubre de 2006. Un vecino pidió una licencia municipal para delimitar sus terrenos mediante una serie de traviesas de 90 centímetros. El Ayuntamiento no respondió a su solicitud. En mayo de 2007, presentó un nuevo escrito en el que anunció el inicio de las obras, que entendía habían sido regularizadas por silencio administrativo positivo. Nada más ejecutarlas, la alcaldesa ordenó por decreto que los retirara en cinco días, al considerar que habían sido realizadas sin licencia. Sin transcurrir ese periodo, convocó una comisión y acordó la demolición, pese a que había sido advertida tanto por una funcionaria como por la Ertzaintza de que el afectado había interpuesto un recurso en el juzgado. El derribo se materializó el 31 de mayo.

Sin informes jurídicos

A partir de ese momento dio inicio un litigio en el que los jueces han ido tumbando, uno tras otro, todos los recursos de la regidora. El eslabón decisivo de este proceso judicial fue el fallo que la Audiencia de Vizcaya emitió en diciembre. Los magistrados denunciaron, entre otras infracciones, el derribo sin contar con informes jurídicos y técnicos, así como hacer caso omiso del mencionado recurso. «Lo razonable era esperar a la decisión del juzgado», añade la sentencia. El fallo rechazó los argumentos de la defensa de que se ocupaba suelo público, porque, en ese caso, el Consistorio no habría exigido «la regularización de la falta de licencia».

Aiarza, que ha interpretado el pleito como un conflicto vecinal, tildó la sentencia de «notoriamente injusta y desproporcionada» y apuntó que podría recurrir al Tribunal Constitucional para defender sus derechos.