Iberdrola gana por goleada a Florentino

El primer ejecutivo de ACS, Florentino Pérez, lleva muy mal recibir goleadas en contra. Tanto en su faceta de presidente del Real Madrid como en la puramente empresarial. Ayer no le quedó más remedio que encajar una, y muy severa, dentro la batalla legal que mantiene con los gestores de Iberdrola. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao dictó una clarificadora sentencia en la que desestima «íntegramente» la demanda interpuesta por la constructora contra la decisión de la junta de accionistas de Iberdrola, celebrada el pasado marzo, de cesar a su representante en el consejo de administración de la eléctrica nombrado pocos minutos antes.

Ese fallo -ACS anunció que lo recurrirá ante la Audiencia Provincial de Vizcaya por «no estar conforme» con su contenido- rechaza de plano la pretensión del grupo constructor de entrar en el órgano de gobierno de la energética haciendo valer su posición de primer accionista -actualmente alcanza una participación del 20%-. Una decisión con la que el magistrado Marcos Bermúdez busca impedir posibles «perjuicios» para la compañía vasca en forma de «fuga de información».

Competidores

El titular del juzgado echa por tierra de una forma categórica el objetivo de ACS bajo un argumento demoledor: las dos empresas son «competidoras» en energías renovables e ingeniería industrial, dos sectores «estratégicos» para Iberdrola. Advierte, además, de que existen «intereses económicos contrapuestos» y «riesgo de concurrencia competencial» entre ellas en otras áreas de negocio, como el coche eléctrico o servicios de ahorro energético. El magistrado deja claro que el conflicto debe dirimirse teniendo en cuenta «solo» el interés de la firma presidida por Ignacio Sánchez Galán.

Todo ello supone aceptar en su integridad los planteamientos expuestos durante el juicio -celebrado la pasada semana- por el equipo de abogados de Iberdrola, del despacho Uría y Menéndez.

En la otra cara de la moneda, el juez rechaza, uno tras otro, los argumentos esgrimidos por los representantes legales de ACS -el bufete Clifford Chance-, que defendieron la inexistencia de un conflicto competencial estructural y permanente. Hasta el punto de que, ya desde la primera línea de los fundamentos de derecho de la sentencia, el juez advierte de que «ninguno de los motivos de impugnación alegados por la demandante justifica la pretendida nulidad de los acuerdos» adoptados por la junta de accionistas.

Como colofón de semejante convicción, el juez concluye que en ningún momento ha sido vulnerado el derecho de representación proporcional de la constructora -condenada, además, al pago de las costas procesales- como principal accionista del grupo eléctrico.

Fuga de información

A su juicio, la decisión de la junta de relevar al representante designado apenas unos minutos antes por ACS para entrar en el consejo «es conforme a derecho». Basa su fundamento en la «necesidad de preservar el interés social» de Iberdrola frente a «los perjuicios» que le supondría la presencia de un consejero designado por su competidor. A la hora de precisar esos problemas, especifica que se derivarían del acceso a información relevante y de «la fuga» de tales datos confidenciales.

En ese punto, el juez acepta «plenamente» las conclusiones de uno de los expertos de la defensa de Iberdrola, el catedrático de Organización de Empresas Benito Arruñada, quien puso de manifiesto que la presencia de ACS en el consejo originaría un riesgo grave para el interés social de la eléctrica, que se concretaría «en la fuga de información relevante para la competencia entre ACS» y la compañía vasca «y en el peor funcionamiento de su órgano de administración». En suma, meter una especie de caballo de Troya en su órgano de gobierno.

El magistrado también destaca la denuncia de ACS respecto a la presencia en Iberdrola de otros consejeros con intereses en empresas que ejercen actividades idénticas -aludió a la BBK, Unicaja o Bancaja-. Pero concluye que es «difícil hablar en abstracto de una relación de efectiva competencia» y que corresponde en todo caso a la junta de accionistas decidir su cese.