El Gobierno vasco podrá elevar el precio de la VPO por encima del límite en ciertos casos

El Gobierno vasco aprobó ayer el nuevo Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana, que no sólo se marca como objetivo edificar 20.000 pisos de calificación pública entre 2010 y 2013, de los cuales 8.100 serán de alquiler. También introduce cambios en la manera de fijar los precios de las viviendas de protección oficial (VPO), de manera que, desde julio de 2011, un inmueble costará más o menos dependiendo del salario de la persona beneficiada en el sorteo. Sobre el papel, la cantidad máxima nunca podrá superar lo establecido en la orden de precios de la vivienda protegida, que en noviembre pasado encareció los inmuebles un 12% y dejó las VPO de 75 metros cuadrados en unos 142.000 euros - más el 8% de IVA- y las tasadas en 232.000. Sin embargo, en la práctica el Ejecutivo autónomo sí podría modificar al alza la normativa

La base jurídica la ofrece la disposición adicional 13 de la Ley de Presupuestos de 2011, aprobada la semana pasada. Esa disposición, que tendrá efectos a partir del segundo semestre del próximo año, permite que en el precio definitivo de un piso protegido incidan, además de los ingresos de los adjudicatarios, los costes del suelo, promoción y construcción, así como otros costes que se incorporen «motivadamente». Es decir, según confirmaron en el Gobierno vasco, si se encuentra una justificación, sería posible superar en algunos casos los límites de la orden autonómica.

La idea de elevar el precio de las VPO es una vieja reivindicación de los constructores y promotores. El sector sostiene que, al haberse hundido el mercado de pisos libres, que se abaratan a marchas forzadas, la venta de esos inmuebles no permite absorber los costes de las promociones protegidas que se edifican en un misma área urbanizable. El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, asumió ese razonamiento al tomar posesión de su cargo. Reconoció que, debido a la situación del sector inmobiliario, y a las dificultades de los ciudadanos para obtener una hipoteca, si no se quiere que muchos terrenos se queden vacíos en Euskadi, la solución más realista es construir pisos públicos más caros y elevar los límites de ingresos para optar a los sorteos de Etxebide. Al mismo tiempo, habría que captar recursos para aumentar el parque de alquiler permanente -unas 15.000 viviendas- y atender a los ciudadanos que no pueden optar a un inmueble en propiedad.

La hoja de ruta

El Plan Director 2010-2013, la hoja de ruta del Departamento de Vivienda, reproduce a grandes rasgos esa filosofía. Por un lado, propone «adecuar los precios máximos de la vivienda de protección pública al coste real de la construcción y actualizar los precios». Por otro lado, plantea hacer otro tanto con las promociones destinadas al arrendamiento, al objeto de que «resulten atractivas a la iniciativa privada y de este modo se pueda incrementar el parque público». Finalmente, el documento anuncia unos nuevos topes salariales para participar en los sorteos de viviendas protegidas. En el caso de la VPO, se elevarán de 33.000 a 39.000 euros anuales, cuando se trate de una persona que vive sola. Para la vivienda tasada, pasarán de 45.500 a 50.000; y para la social de alquiler, de 22.000 a 25.000. Aunque esos aumentos fueron anunciados en 2009, aún no se han aprobado.

El Plan Director 2010-2013 ha recibido el visto bueno del Ejecutivo de Vitoria tras haber recibido el aval del Pacto Social por la Vivienda, un largo debate en el que participaron organizaciones sociales, administraciones públicas y constructores y promotores. Sus líneas estratégicas obligarán a reformar de arriba abajo la normativa autonómica. De momento, el Gobierno vasco tiene casi ultimado el proyecto de ley de Vivienda para enviarlo al Parlamento vasco durante el próximo año, aunque la discusión de los grupos políticos se retrasará bastantes meses.

Hasta entonces, y mientras la consejería de Iñaki Arriola preparan leyes, decretos y órdenes, el Plan Director anticipa algunas de sus iniciativas para la presente legislatura, como el alquiler con opción de compra, o aumentar la edificabilidad de un terreno para que sea más rentable. También reclama que los alcaldes puedan modificar las reservas de suelo destinado a las viviendas protegidas (75% en solares urbanizables), así como permitir que puedan alterar el aprovechamiento urbanístico; es decir, la parte de un solar que el constructor tiene que ceder al municipio cuando construye unas viviendas (establecido en el 15%). Para dotar a los ayuntamientos de ese poder hay que modificar la Ley vasca del Suelo y la que regula la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas