Castro acumula pérdidas por medio millón de euros al no cobrar multas durante un año

El Ayuntamiento de Castro dejará de ingresar este año casi medio millón de euros al prescribir el plazo de cobro de las infracciones. Las arcas municipales perderán este montante, ya que el próximo 31 se cumplirá un año desde que finalizó el contrato del Consistorio cántabro con la empresa que gestionaba la recaudación de multas. El pasado septiembre los servicios técnicos municipales sacaron a concurso un nuevo contrato, pero quedó desierto el 21 de octubre al carecer la empresa «contratante» de un documento que debía aportar ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, explicó ayer que un año antes de expirar el servicio reunió a «todas las partes implicadas» para informarles de su preocupación por la finalización del mismo y por «la importante pérdida económica que supondría ese retraso para los intereses municipales. Me dijeron que hacían falta unos informes. Llevo dos años detrás de los técnicos para que los redacten. A fecha de hoy, sigue sin realizarse», añadió Muguruza.

El alcalde lamentó la difícil situación administrativa a la que se enfrenta el Ayuntamiento ante la imposibilidad de «abrir expediente disciplinarios. Lo he intentado en dos ocasiones, pero como tienen que ser tramitados por otro funcionario no ha habido manera de que prosiguiera. Echo en falta tener autoridad como municipio».

Sin notificador oficial

Según fuentes solventes, la Corporación castreña contabiliza una media de 70.000 sanciones anuales. Al no ser tramitadas desde enero, la mayoría de las sanciones «no se van a poder cobrar nunca». Las multas leves prescriben a los tres meses y las graves y muy graves, a los seis. Las infracciones de tráfico y aparcamiento son las que más ingresos reportan al Ayuntamiento.

A estos problemas hay que añadir «uno aún mayor», como es la falta de un notificador oficial de multas. Hasta ahora esta labor la desempeñaba la Policía Local o funcionarios interinos. «Realizaban tareas que no les correspondían», admiten las mismas fuentes. Durante los últimos años, el Ayuntamiento ha ampliado la zona de OCA. Sin embargo, el previsible aumento de ingresos ha caído en saco roto al no operar la empresa que debía gestionar el cobro de las infracciones.