A la caza del fraude en las ayudas sociales

El Gobierno vasco se suma a la 'guerra al fraude' en materia de ayudas sociales. A lo largo de los próximos seis meses, según anunció ayer la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, su departamento analizará de forma individual y «con rigor» los expedientes de las 88.000 personas que cobran ayudas públicas en Euskadi para complementar sus ingresos y afrontar gastos extraordinarios. «No porque no nos fiemos», matizó la consejera. «Sino porque es nuestra responsabilidad, porque está recogido en la Ley de Servicios Sociales, porque nunca se ha hecho antes y porque debemos gestionar con transparencia y rigor la importante cantidad de fondos públicos que se destinan a esta materia». Los ayuntamientos de las capitales vascas y de otras localidades más pequeñas llevan tiempo ya investigando presuntos casos de fraude.

El volumen de dinero público que Euskadi debe disponer para ayudar a las personas con menos ingresos rondará en 2011 los 340 millones de euros, una cantidad «suficientemente importante», dijo Zabaleta, para garantizar que se redistribuye con «rigor y transparencia» y a quienes lo necesitan. La consejera recordó que la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la que permite complementar el sueldo a quienes cobran menos de mil euros mensuales, requerirá una inyección de 280 millones el próximo año a repartir entre unos 54.000 demandantes. La Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), que tenía en octubre 14.807 perceptores, precisa 43,5 millones. Las AES, las Ayudas de Emergencia Social para gastos extraordinarios -19.000 perceptores en 2010- volverán a estar dotadas con 17,3 millones, una cantidad que este año se ha revelado insuficiente y ha sido necesario ampliar. «Nunca se ha hecho hasta ahora desde el Gobierno vasco una revisión de este tipo -insistió Gemma Zabaleta-. El Gobierno nunca se ha remangado, y en este momento de crisis es necesario hacerlo».

La consejera explicó en que consistirá el examen de los expedientes, un «ingente trabajo», reconocen en el área de Empleo, que requerirá seis meses de dedicación y la colaboración de los ayuntamientos y diputaciones. Los técnicos del Ejecutivo revisarán, concretamente, que se cumplen los requisitos de acceso a las ayudas sociales en tres áreas concretas.

En primer lugar, se cruzarán los datos con los servicios de empleo para verificar que los perceptores de los subsidios están apuntados y que su demanda de un puesto de trabajo está «viva», de manera que están disponibles para cursos de formación y para entrar en programas de inserción laboral. «La Ley dicen que tienen que estar ininterrumpidamente en esta situación de demanda de empleo, así que vamos a cotejarlo», señaló Zabaleta.

Denunciar al vecino

En segundo lugar, se reclamarán datos fiscales de los perceptores a las Haciendas forales, de manera que se pueda verificar si disponen de bienes inmuebles «más allá de la vivienda habitual» y constatar que sus datos de ingresos económicos les hacen merecedores de las ayudas. En tercer lugar, explicó la consejera, se requerirá la ayuda de los ayuntamientos para analizar la situación de empadronamiento de los beneficiarios. En concreto, se pretende constatar que se cumple el requisito impuesto recientemente por el propio Ejecutivo, que impide que haya más de dos perceptores de ayudas empadronados en una misma vivienda, lo que se aprobó para evitar 'pisos patera' o inmuebles donde se hacinen personas de escasos recursos.

Tras el examen, el Gobierno vasco elevará a las diputaciones (en el caso de los perceptores de la RGI) y a los ayuntamientos (AES) una solicitud de suspensión cautelar en el pago de las ayudas, dado que son estas instituciones las que las gestionan. El Gobierno vasco cerrará el grifo y dejará de abonar por estos infractores, de manera que los municipios y las administraciones forales no tendrán más remedio que aceptar el dictamen del Ejecutivo o correr con las ayudas irregulares por su propia cuenta.

Los principales ayuntamientos vascos ya llevan tiempo investigando el fraude en los subsidios sociales y denunciando a los infractores. Bilbao analizó casi un millar de casos en 2009 y elevará de forma notoria esta cifra en 2010. Vitoria ha ido más allá y ha habilitado un teléfono en el que los ciudadanos pueden denunciar presuntos casos de fraude de forma confidencial ante los servicios municipales.