La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vizcaya ha solicitado dos años de prisión para el constructor y ex presidente de la junta municipal del PNV en Barrika, Jon Larrazabal, por un presunto delito contra el medio ambiente en la zona de Muriola, en la franja costera del municipio. El documento, dado a conocer ayer por la asociación ecologista Txipio Bai, pide la misma pena para el también empresario Alexander Albizua, una multa a cada uno de «5.400 euros e inhabilitación para su profesión u oficio por tiempo de dos años».
La causa penal tiene su origen en una denuncia de los naturalistas en marzo de 2006. Todo a raíz de una licencia solicitada en 2002 por uno de los imputados para plantar viñedos en su terreno, que limita con la playa nudista y Barrikabaso.
Dos años después, sin embargo, pidió una modificación para efectuar un relleno y la transmisión del permiso inicial a una empresa de excavaciones. Los ecologistas sostienen que, a partir de ese momento, «en el lugar se volcaron materiales de demolición de diversas obras», algunos de los cuales eran «tierras susceptibles de estar contaminadas», extremo este que según Txipio Bai también quedó confirmado.
La asociación subrayó que el escrito de la Fiscalía considera que las muestras recogidas en el solar por el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, «una vez analizadas por el Instituto de Toxicología, dieron resultado positivo en contaminación por cadmio y arsénico».
Espacio «relevante»
Además, los ecologistas matizaron que dos informes del Gobierno vasco realizados en 2005 señalan que el terreno forma parte de «un área recogida en el Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV, con la denominación de 'Tramo Litoral Punta Galea-Barrika'». Precisamente, el Fiscal acusa a los imputados de «hacer caso omiso de los Informes de la Dirección de Biodiversidad y de la Dirección de Calidad Ambiental», del Ejecutivo. En ellos, según Txipio Bai, ya se les pedía que evitaran cualquier afección a un área protegida.
La fiscalía también analiza la «ejecución de tareas de relleno, separando una charca del arroyo que la alimentaba hasta hacerla desaparecer, y destruir parte de la playa fósil». Todo ha sido calificado por el Ministerio Público como constitutivo de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente del artículo 325.1 del Código Penal.
Los dos imputados solicitaron el sobreseimiento de la causa, pero su petición fue rechazada tanto por el Instructor como por la Audiencia Provincial de Vizcaya. La Fiscalía también reclama para ellos el pago de las costas y que indemnicen al Ayuntamiento por los daños producidos. Txipio Bai confirmó que «en los próximos días haremos nuestra solicitud de pena en calidad de acusación particular». También la defensa de los dos imputados presentará sus escritos correspondientes. Todo ello se dirimirá en una vista oral que se celebrará en uno de los Juzgados de lo Penal de Bilbao en 2011.
