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El Gobierno extremeño obliga a quitar crucifijos en un colegio público

SOCIEDAD

El Gobierno extremeño obliga a quitar crucifijos en un colegio público

10.11.10 - 02:51 -
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Lorenzo y Ana, dos profesores de Secundaria, están contentos aunque, aseguran, han sufrido un desgaste personal y económico enorme por un asunto que aún levanta sentimientos encontrados. Padres de dos hijos, los decidieron escolarizar en un colegio público de Almendralejo por sus convicciones, entre las que no están las creencias religiosas. Por este motivo, iniciaron una larga travesía por el desierto -cinco años de quejas formales y dos de demandas administrativas- para conseguir que desapareciesen crucifijos y estampas de Vírgenes y que no se programaran actos litúrgicos fuera de las instalaciones del colegio pero dentro del horario lectivo. Lo han logrado.
La Consejería de Educación ha ordenado al colegio Ortega y Gasset retirar todo tipo de simbología religiosa de las aulas en las que reciben clases esos chicos, así como de las zonas comunes del centro. Lo ha hecho cuando estaba a punto de decidir sobre la cuestión el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, a donde habían llegado Lorenzo y Ana tras un proceso tortuoso. «La Junta, viendo que iba a perder el asunto porque iba claramente contra la legalidad, ha decidido actuar, lo que no ha hecho antes», aclara Lorenzo. A sus 52 años, militante socialista desde los 16 y ex concejal, se muestra especialmente crítico por la actuación de Educación.
En 2008, el matrimonio puso en conocimiento de la dirección del centro Ortega y Gasset que la presencia de simbología religiosa en un colegio público contraviene el espíritu aconfesional del Estado recogido en la Constitución. Pidieron al Consejo Escolar que 'se mojara' ante su demanda, pero no lo hizo. La pelota pasó después al tejado de la dirección provincial de Educación, pero tampoco hubo noticias. «Todo el mundo miraba para otro lado: la dirección del colegio lo llevaba al consejo escolar, el consejo a la dirección provincial de Educación, que lo devolvía otra vez al colegio. No había forma de que alguien tomara una decisión», señala este padre. «Hemos sido siempre prudentes, comedidos y discretos, pero no nos ha quedado más remedio que llegar a la vía judicial».
El pasado 10 de junio, cansado de esperar, puso un recurso ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo. «La letrada de la Junta nos intentó paralizar el proceso -asegura-, pero no lo logró porque nuestro caso tiene que ver con los derechos fundamentales». Por eso pasó al Tribunal Superior, que no ha llegado a decidir. Un día antes del juicio, Educación dio su brazo a torcer y retiró los crucifijos.
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