350 millones de pesetas y trece años de abandono

El Izarra International College, un prestigioso centro educativo levantado en Urkabustaiz, enclavado en un paraje idílico junto al parque natural del Gorbea, cerró sus aulas en febrero de 1997. La empresa que lo gestionaba quebró por 1.400 millones de pesetas y los acreedores, desde trabajadores hasta proveedores e instancias oficiales, iniciaron un largo proceso judicial. Todo terminó en 2000, cuando el Alavés, bajo la presidencia de Gonzalo Antón, se hizo con el complejo a cambio de 350 millones de pesetas, el equivalente a algo más de dos millones de euros. Se adueñó así de 112.000 metros cuadrados, repartidos en tres fincas, espacio que ocupan distintos edificios -colegio, dos residencias de estudiantes, gimnasio con dos piscinas y otras dependencias educativas-, ocho canchas deportivas y amplias praderas, entre distintas instalaciones.

En tiempos de bonanza, con el equipo en Primera y triunfal por Europa, Antón anduvo listo para proporcionar al Alavés de una propiedad que debería darle réditos a corto plazo. Pero el ex presidente no encontró la manera ni el comprador adecuados, a pesar de que fueron varios los interesados en Izarra. Luego, Piterman heredó el complejo, mantuvo la vigilancia sobre él para evitar pillajes, aunque los sufrió, y también lo puso en el mercado, pero con idéntico éxito. Ninguno.

Para entonces, el complejo ya estaba embargado por la Diputación, que lo retuvo como garantía de cobro de los 5,7 millones de euros que el Alavés le adeudaba por el impago de impuestos. Y con Fernando Ortiz de Zárate y la entidad deportiva sujeta a intervención judicial, Izarra durmió en el limbo. Eso sí, su valor bailó al antojo de las partes. Mientras el Alavés veía en ello una sabrosa futura fuente de ingresos, las distintas tasaciones realizadas durante el concurso de acreedores varió desde la más modesta, 3,6 millones de euros, hasta la más exagerada, casi 17, el precio que le puso la defensa de Piterman, Javier Tebas, para hacer ver que el club disponía de un activo suficiente para cubrir su deuda.

En esto reapareció la Diputación que con un informe privado puso precio a Izarra, 5,7 millones, y se adjudicó su compra mediante un contrato que aprobó el juzgado y del que nunca más se supo.

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