Fatalidad sindical

Los dirigentes de CC OO y UGT comenzaron a anunciar la huelga general como algo inevitable cuando se percataron de que el diálogo social debía ofrecer alguna solución y la reforma del mercado de trabajo parecía ineludible. Las centrales sindicales se sintieron incapaces de asumir algún resultado posible de dicha reforma, de cuya orientación comenzaron culpando a las exigencias de la patronal para pasar después a denunciar la debilidad de Rodríguez Zapatero frente a los mercados. En ningún momento se vieron en disposición de responsabilizarse, siquiera parcialmente, de las medidas que pudieran adoptarse de cara a la flexibilización de las relaciones laborales; y mucho menos de aceptar los ajustes en las nóminas de los empleados públicos y en las pensiones. La huelga de mañana comenzó a urdirse como una fatalidad inexcusable. Era la respuesta consecuente con la oposición frontal al viento cambiante. La huelga general no se concibió como un medio, sino como un fin en sí misma. O más bien como una necesidad. La necesidad de una demostración de fuerza cuya utilidad inmediata resulta incierta en la víspera del 29-S. Del mismo modo que los sindicatos no fueron capaces de concebir una reforma laboral que pudieran apoyar sin dejar de ser lo que han sido, tampoco podían evitar la convocatoria de mañana. El propio calendario se les puso cuesta arriba; no les permitía llevar a cabo la huelga general inmediatamente después de la aprobación del decreto de reforma por el Consejo de Ministros el pasado 16 de junio, y tratan de realizarla cuando está vigente desde hace veinte días. La de mañana es una cita contra todo, pero sin que se sepa para qué.

Los sindicatos quieren seguir siendo más o menos lo que han sido hasta ahora, y para ello no podrían encontrar una estrategia más adecuada que defender el marco precedente de relaciones laborales y el actual sistema de seguridad social. El problema surge desde el momento en que el primero ya se ha volatilizado, y la reforma del segundo parece ineludible. De modo que es la modificación del marco legal de las relaciones laborales y del sistema de pensiones el que obligará a los sindicatos a cambiar hacia un modelo inédito. Quizá un modelo que unifique a Comisiones y UGT en una sola central, que se haga fuerte en aquellos sectores en los que la estabilidad del empleo se lo permita, que descienda al ámbito de cada empresa si es que puede, y que admita ser -como de hecho lo está siendo- un interlocutor secundario en relación a las decisiones institucionales en una democracia representativa. En este sentido, la convocatoria de mañana aparece como la última expresión del sindicalismo que paralizó el país contra Felipe González y quiso poner en aprietos a José María Aznar. No solo porque resulta improbable que obtenga el mismo eco -que también- sino porque aunque la sociedad siga necesitando manifestaciones colectivas de contestación, busca en éstas una utilidad que probablemente no obtenga con el 29-S.

Rodríguez Zapatero, sus ministros y el PSOE han tratado de minimizar los efectos de la confrontación con UGT y CC OO, hasta el punto de que el acuerdo sobre los servicios mínimos induce a pensar que el resto de la actividad pública quedará paralizada. Nunca un Gobierno se mostró tan comprensivo y hasta condescendiente con la convocatoria de una huelga general, ni en España ni en ninguna otra parte. Mucho menos con una huelga general dirigida, casi sin querer, precisamente contra el Gobierno; por lo que sus convocadores insisten sin demasiada fe en que en realidad persiguen rectificar la actitud gubernamental, cuando menos respecto al futuro del sistema de pensiones. En otras circunstancias el pulso entre las centrales y el Gobierno hubiese podido interpretarse como una pugna por la conservación del poder sindical frente a la conservación del poder político. Pero la globalización empequeñece el episodio de la pretendida o temida huelga general de mañana. Y en todo caso se trataría de un pulso desigual. Los sindicatos se juegan mucho más de lo que los socialistas arriesgan con Zapatero.

CC OO y UGT se juegan poco menos que su razón de ser, mientras que el gobierno socialista -o los socialistas en el gobierno- se conforman con evitar que la derrota que puedan sufrir en las generales de dentro de año y medio no sea más acusada por la deserción del voto 'sindicalista'. Leámoslo así: los sindicatos preferirían seguir siendo lo que son, con el marco general de relaciones laborales y el sistema de pensiones inmutable, y una referencia política socialdemócrata más o menos dependiente de la sintonía con UGT y CC OO Pero todo eso ya es pasado incluso en Francia.

ELA y LAB se aprestan a asistir de perfil al desarrollo de una huelga cuyos resultados en Euskadi dependerán fundamentalmente del tiempo climático. Pero los efectos de la convocatoria no serán muy distintos a los que el sindicalismo nacionalista ha ido percibiendo con anterioridad. Porque sus particulares llamadas -véase la del pasado 29 de junio- tampoco han podido sortear los retos a los que se enfrenta la representación sindical en el resto del 'estado español'. Retos que obliga a ELA y LAB a renunciar a su protagonismo político para recuperar crédito sindical, a plantearse de frente la vidriosa cuestión de la unidad orgánica, a afianzarse en los sectores industriales y de servicios 'sindicables', y a admitir un papel menos protagonista y más dependiente de su arraigo a nivel de empresa.