Nunca seis votos valieron tanto. Ese es el mantra que se repite en el PNV para encarar la crucial negociación presupuestaria con José Luis Rodríguez Zapatero, que, salvo sorpresas, trucos de tahúr de última hora o giros dignos de una película de suspense, decidirá la continuidad de su Gobierno hasta el final de la legislatura o la disolución precipitada de las Cortes para convocar elecciones anticipadas con todas las encuestas en contra del PSOE. Los jeltzales están convencidos de que su precio de salida debe ser sensiblemente superior al del año pasado por una razón fundamental. «La hipoteca que nos echamos encima es también mayor porque nuestro voto no decide sólo unos Presupuestos, sino la propia continuidad de Zapatero. Y él no es el mismo de hace siete meses», avisan desde Sabin Etxea. Traducción: salvar los muebles a un presidente debilitado y necesitado del PNV como un náufrago de un salvavidas marca como un estigma y cuesta caro. Y, por pura lógica, si las contrapartidas se encarecen y el Gobierno central está dispuesto a pagarlas, también los 'daños colaterales' al Ejecutivo que lidera Patxi López podrían ser más lesivos que hace doce meses. Aunque, como recuerdan los socialistas vascos, la experiencia es un grado.
La debilidad parlamentaria de Zapatero y su angustiosa necesidad del PNV, una vez dinamitados los puentes con el bloque de izquierdas y, en teoría, también con unos nacionalistas catalanes en capilla electoral, coloca otra vez al lehendakari contra las cuerdas y a la expectativa, sin más armas defensivas que la prudencia y la inteligencia políticas para evitar que la ola presupuestaria provoque daños irreparables en la nave que pilota. La situación es, más que anómala, estrambótica. El controvertido traspaso de las políticas activas de empleo persigue al jefe del Ejecutivo de Vitoria como una maldición y ha vuelto a estallarle en las manos en el peor momento posible, en vísperas de que arranquen oficialmente las negociaciones en Madrid entre el grupo del PSOE y el jeltzale.
El año pasado, el PNV logró arrancar a Zapatero el 'blindaje' del Concierto Económico y el derecho efectivo de veto sobre la competencia 'maldita' a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, un intercambio que dejó en evidencia y sin traspaso al Ejecutivo vasco. Ahora, la jugada de Sabin Etxea -que exige una tajada mayor porque el riesgo, dicen, también lo es y porque necesita un acuerdo con buena venta interna a los sectores más reacios a salvar a quien autorizó el pacto PSE-PP- ha sido de libro. Una vez caducada, el pasado 1 de septiembre, la cláusula que obligaba al Gobierno central a contar con los jeltzales para hacer efectiva la operación, el partido ha vuelto a convertir el asunto en 'casus belli' al exigir que la materia se transfiera según sus condiciones como paso previo para sentarse a negociar, un aviso que ya lanzó personalmente Iñigo Urkullu el pasado 24 de agosto a un grupo de interlocutores que demuestra que Zapatero está dispuesto a poner toda la carne en el asador del PNV: nada menos que dos de los ministros con más peso político de su Gobierno -Alfredo Pérez Rubalcaba y José Blanco-, además de José Antonio Alonso, jefe del grupo parlamentario del PSOE.
En teoría, es Manuel Chaves, como responsable de la cartera de Política Territorial, el encargado de desbloquear la operación. Pero lo cierto es que el preacuerdo alcanzado a finales de julio con el Gabinete de López, que elevaba la cuantía del traspaso a los 327 millones de euros, no ha llegado a materializarse por la tensión en los mercados internacionales, que obligó al Gobierno central a ajustarse el cinturón e introducir vía decreto medidas extraordinarias para reducir el déficit.
Se produce así una doble paradoja. El Gobierno central se ve obligado a negociar una transferencia estatutaria a una comunidad autónoma gobernada por los suyos con el principal partido de la oposición. Nada nuevo para Zapatero, que ya pactó el Estatut con Artur Mas ninguneando al PSC. Y, para rizar más el rizo, es el Ejecutivo del PSE el que en última instancia debe dar luz verde al traspaso, encargar los pertinentes informes de legalidad, firmar el acuerdo en la Comisión Mixta de Transferencias e, incluso, exponerse a los posibles recursos que pudieran interponer otras autonomías que entiendan que la transferencia rompe la 'caja única' de la Seguridad Social. Nada remoto, desde luego: tanto el riojano Pedro Sanz como el gallego Alberto Núñez Feijóo, ambos del PP, han avisado ya de que un traspaso a Euskadi en condiciones más ventajosas que las que disfrutan el resto de comunidades -ninguna gestiona las bonificaciones a la contratación, la partida que encarece el traspaso de los 300 millones en que fijan su 'suelo' los socialistas vascos a los 480 de 'techo' que exigen los jeltzales- supondría «repartir entre dos lo que es de todos» y tendría cumplida respuesta.
La letra pequeña
Con ese panorama, ¿cómo se resuelve el entuerto? «La letra pequeña la negociamos nosotros», avisan en el Gobierno vasco. «Zapatero intentará contentar a todos y salvarse él», apuntan en el PNV. De hecho, nadie se atreve a afirmar categóricamente que las bonificaciones a la contratación sigan siendo tabú. Cuando el lehendakari y Chaves anunciaron en septiembre de 2009 el traspaso para el 1 de enero de este año descartaron incluirlas al considerar que quebrantaban el sistema, pero ahora se aceptan «interpretaciones». Y, sobre todo, ¿está en condiciones el presidente de ceder ante Urkullu? La respuesta es sí. No le queda más remedio. Los socialistas vascos admiten en privado que Zapatero tendrá que dar «alguna baza» al PNV porque su situación es extrema. Reconocen asimismo su «preocupación» ante la posibilidad de que La Moncloa vuelva a dejarles a los pies de los caballos. El efecto sería demoledor, no sólo por la cercanía de las elecciones municipales y forales y por los ataques de un PNV que podría presentarse ante la opinión pública como el 'conseguidor' y garante del autogobierno frente a un lehendakari débil y claudicante, sino también por el impacto que el hipotético acuerdo pudiera tener en su pacto con el PP. Los populares vascos, los primeros interesados en denostar un entendimiento que, si no llega a buen puerto, impulsaría a Mariano Rajoy a La Moncloa, avisan día sí y día también de que el presidente del Gobierno es el principal enemigo del cambio asentado en Euskadi.
El PNV, por su parte, tiene clara su estrategia. Elevar al máximo el listón de sus demandas, englobadas en el saco genérico de 'intereses vascos', y obligar así a Patxi López a mantenerse al margen y actuar como mero convidado de piedra en la negociación -lo que le serviría para echarle en cara su actitud pasiva y arruinar su imagen- o sumarse al carro que ellos lideran, pese a ser oposición. El PSE parece decantarse por lo segundo como mal menor. «Si quieren transferencias, encantados porque las vamos a gestionar nosotros», apuntan dirigentes socialistas. «Bienvenido sea el PNV a la senda del autonomismo», ironiza el portavoz, José Antonio Pastor, que asegura que si se ciñen a los límites constitucionales y estatutarios, «contarán con nosotros e iremos de la mano». Si no lo hacen, la estrategia del partido se centrará en sacarles los colores e intentar demostrar que buscan «más protagonismo que compensaciones». «No les va a salir gratis», avisan.
Arrinconada la exigencia de respeto a las listas más votadas -porque el PNV sabe que es difícil de garantizar y se siente fuerte- y la del nuevo estatus político para Euskadi -que parece más un corolario para preservar el equilibrio interno con los más soberanistas-, los jeltzales se centrarán en reclamar el cumplimiento íntegro del Estatuto en su bloque socioeconómico, aunque dicen estar a la espera de una «oferta concreta». «Es un planteamiento ridículo. Los grupos se leen el Presupuesto primero y, después, si les gusta y además se les dan algunas cosas más, lo votan. ¿Qué quieren que les ofrezcamos, una Liga para el Athletic? Esto parece el mercado de Tánger. ¿Dónde está el PNV serio de chaqueta y corbata?», se lamenta Eduardo Madina, secretario del grupo del PSOE en el Congreso y representante oficioso de los intereses del PSE en Madrid. Madina cree que las «ambiciosas» exigencias de las que habla el nacionalista Josu Erkoreka se rebajarán en la mesa de negociación.
A la condición previa de la transferencia de empleo se sumarían la de la Inspección de Trabajo -factible-y otras que figuran en la petición de máximos tramitada en julio como propuestas de resolución al debate sobre el Estado de la Nación. Ahí entrarían las políticas pasivas, competencias en crédito, banca y seguros o sobre la regulación de empleo y el Fondo de Garantía Salarial. Pero el mutismo es absoluto en Sabin Etxea cuando se pregunta con qué podrían contentarse. «Que nos hagan una oferta», insisten.
En lo que coinciden con sus interlocutores es que el panorama debería estar despejado antes del 24 de septiembre, la fecha en la que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el proyecto de Presupuestos. El Gobierno central quiere atar el acuerdo antes de redactarlo, si bien otras voces creen que el pulso se prolongará al menos hasta la tercera semana de octubre, cuando se votan las enmiendas de totalidad. En el Gobierno vasco prefieren tomárselo como una partida larga, mantener un perfil bajo y vigilante y resistir las «intimidaciones» del PNV.
El PSOE juega con la baza de la aprobación de los Presupuestos de las tres diputaciones, en manos del PNV, pero los jeltzales aseguran sin pestañear no tener ningún problema en prorrogar las Cuentas forales. La cercanía de los comicios les exige mantener esa prórroga únicamente durante tres meses, con un margen del 15% para ampliar y reducir partidas y en un contexto recaudatorio más halagüeño que hace doce meses. En opinión de la contraparte, van de farol. «En año electoral es precisamente cuando más les convienen unos Presupuestos más o menos lucidos», apuntan.
Las 'líneas rojas'
Los socialistas vascos dicen estar «tranquilos» y creen que su situación es «algo mejor» que la del año pasado. Aseguran que Ferraz les ha dado «garantías» de que no traspasará las 'líneas rojas' que harían el acuerdo inasumible no sólo internamente sino también ante la opinión pública española. «Zapatero es consciente de que, si la negociación se desliza por caminos poco explicables, la gente no comprendería que ceda tanto por mantenerse unos meses más en el poder», apuntan. Los límites están en el marco constitucional, la intransferibilidad de las políticas pasivas de empleo -prestaciones por desempleo y cotizaciones a la Seguridad Social- y el mantenimiento de la 'caja única'. Lo que sucede es que el traspaso, en las condiciones que demanda el PNV, rompe o no rompe el sistema unitario basado en la solidaridad dependiendo de quién interprete el Estatuto y la jurisprudencia existente hasta la fecha.
Precisamente, la consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, se reafirmó ayer en la vigencia de esas condiciones y añadió que tampoco «se van a aceptar vetos que retrasen una transferencia que la sociedad vasca necesita, especialmente las personas paradas». Destacó que el acuerdo entre Madrid y Vitoria está «prácticamente cerrado» y que el Gabinete de Zapatero «no va a dar nada al PNV» que «esté negando al Gobierno vasco».
Aparte de tener la esperanza puesta en Ferraz, el PSE también confía, para salvaguardar sus intereses, en la alergia del PNV al anticipo electoral, que podría hacer coincidir la cita de las municipales y forales de mayo con unos hipotéticos comicios generales, lo que propiciaría la polarización PSOE-PP. Ellos lo admiten. No quieren elecciones. Una mayoría absoluta del PP daría al traste con toda su estrategia. «Pero que no piensen que solo por eso vamos a salvarles», avisan.
