El PNV elevó ayer un palmo más el listón de sus exigencias a José Luis Rodríguez Zapatero, de quien demanda un gesto previo a la negociación que demuestre que está dispuesto a mojarse de verdad para lograr el apoyo de los jeltzales a los Presupuestos Generales del Estado. La señal que los peneuvistas esperan no es otra que el controvertido traspaso de las políticas activas de empleo, pendiente todavía a pesar de que tanto el Ejecutivo de Vitoria como el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, lo han anunciado en reiteradas ocasiones. Una transferencia que no baje de los 460 millones de euros, según advirtió Iñigo Urkullu en su blog, donde propinó un nuevo manotazo dialéctico a Patxi López, a quien llamó «lehendakari de saldo» por «aceptar a cualquier precio» la operación, que el Ejecutivo vasco había logrado ajustar por encima de los 320 millones de euros en el preacuerdo con el Gobierno central. Los sobresaltos en los mercados internacionales y las reformas de urgencia que se vio obligado a acometer Zapatero, sin embargo, lo paralizaron.
Conscientes de que el Gabinete de López buscaba ahora un acuerdo rápido con La Moncloa para evitar que el Inem vasco volviera a convertirse en moneda de cambio en las negociaciones presupuestarias, los jeltzales se han adelantado y reclaman que el traspaso se haga según sus exigencias. Eso, sólo para sentarse en la mesa y empezar a hablar. «Nuestro mensaje ha sido claro: para hablar de 2011 hay que cerrar el acuerdo de 2010. Si se ejecuta la transferencia de las políticas activas de empleo respetando el acuerdo estatutario, hablaremos. Si se cumple el 10, pasaremos al 11. Si no se cumple el 10, no pasaremos al 11», avisó Urkullu.
El líder del EBB se refirió así al pacto presupuestario que alcanzó con Zapatero el año pasado, que congeló el traspaso al exigir el PNV derecho de veto sobre cualquier acuerdo entre los ejecutivos central y vasco. La polémica claúsula, uno de los mayores dolores de cabeza que le ha dado a Patxi López el cargo de lehendakari, acaba de expirar y el PNV denuncia ahora su «incumplimiento» por varias razones. Asegura Urkullu que no se les ha informado puntualmente de la marcha de las conversaciones, uno de los puntos recogidos en el acuerdo -el post se titula 'Un año, cero papeles'-, y que además se ha anunciado el traspaso, aunque no se haya materializado, sin contar con su beneplácito. Ese argumento le sirve para negar que el PNV haya «vetado» la transferencia, ya que se podría haber hecho sin contar con ellos «a partir del 1 de septiembre». «Y no se ha hecho», enfatizó Urkullu, obviando que, a la hora de escribir la entrada en su blog, apenas habían pasado 24 horas.
Y no se ha hecho, según el líder del PNV, porque al PSOE «le da vértigo» cumplir el Estatuto, está «cómodamente instalado en el 'café para todos'» y pretende articular un Estado «uniforme». De hecho, ninguna comunidad autónoma -todas menos Euskadi y Melilla gestionan las políticas activas- tiene incorporadas en el paquete las bonificaciones a la contratación de las que se benefician las empresas mediante la reducción de las cuotas que pagan a la Seguridad Social y que son las que elevan hasta 480 millones de euros el cálculo que se hace en Sabin Etxea. Los socialistas se muestran sumamente reacios a abrir la espita para Euskadi porque el resto, empezando por los nacionalistas catalanes, se pondría entonces a la cola.
Distintas interpretaciones
El problema radica, sobre todo, en la manera en que cada uno interpreta la literalidad del Estatuto y la jurisprudencia posterior. Los jeltzales, como hizo ayer Josu Erkoreka, apelan a una sentencia del Constitucional de finales de los 80, pero los socialistas aseguran que el fallo sólo desligaba de la 'caja única' de la Seguridad Social las cuotas destinadas a incentivar la formación profesional y no las bonificaciones por contratación. El propio Zapatero avisó ayer que su Gabinete se atendrá a la jurisprudencia contraria a la ruptura del sistema de 'caja única'. En ese sentido se pronunció también el secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado.
El puzzle se complica para el jefe del Ejecutivo central. Si quiere satisfacer las demandas del PNV, se vería obligado a autorizar un traspaso en términos inasumibles para su Gobierno y, al mismo tiempo, echaría un jarro de agua helada a Patxi López al darle al partido de Urkullu lo que a él le ha negado hasta la fecha. O bien, volver a aplazar la transferencia, si es que el PNV aceptase mantenerla en el cajón hasta que puedan satisfacerse sus peticiones.
