Alrededor de un centenar de ciudadanos se verán afectados por el plan de reajuste de los servicios de escolta que el Ministerio y la consejería de Interior acaban de poner en marcha para racionalizar el sistema de protección que se presta a personas que han estado o están bajo el acoso de ETA. Tal y como adelantó ayer EL CORREO, esta medida se centra especialmente en ex cargos públicos o de partidos que se han alejado o retirado ya de la actividad política, pero que conservan los mismos recursos de escolta que cuando ostentaban puestos de responsabilidad.
En la mayoría de los casos, el reajuste supondrá que ciudadanos amenazados que hasta ahora contaban con la cobertura de dos guardaespaldas pasarán a tener solo uno. Los afectados a quienes se eliminará totalmente la protección es «mínimo», según precisan fuentes conocedoras de este plan, que agregan cómo todas las decisiones se han tomado después de estudiar individualmente a cada uno de ellos y la situación personal que les rodea. El programa se completa con un incremento de las medidas de contravigilancia, destinadas, entre otros objetivos, a detectar cualquier movimiento sospechoso que pudiera producirse alrededor de los acosados.
La medida no sentó bien ayer en diferentes sectores profesionales y políticos. El consejero de Interior, Rodolfo Ares, salió al paso de las críticas y aseguró que la reducción de escoltas obedece a «un riguroso análisis policial». La desvinculó tanto de los rumores de una supuesta tregua de ETA -el ministro Pérez Rubalcaba también incidió en este aspecto anoche en una intervención radiofónica- como de los recortes causados por la crisis económica. «Hay personas que tenían una responsabilidad institucional, política y empresarial que ahora no tienen», indicó, por lo que su Departamento «reorganizará el servicio para ser lo más operativos posibles y prestarlo en base al nivel de riesgo de cada una de las personas teniendo en cuenta su situación actual». Con respecto a un alto el fuego, repitió que un anuncio de ese tipo no es válido y que ETA debe anunciar el «abandono definitivo» de la violencia.
Ares tiene previsto reunirse hoy en Bilbao con la máxima representación de la judicatura vasca para explicar los criterios de reorganización de la seguridad. En el encuentro se convocará a la comisión permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, presidida por Juan Luis Ibarra. La reasignación de efectivos de protección afecta también a los jueces y fiscales vascos, que en los últimos meses habían solicitado precisamente un incremento de los recursos de seguridad personales y en las sedes de los tribunales.
Cuerpos policiales
El PP manifestó, por su parte, un claro rechazo al recorte del número de guardaespaldas si se realiza por criterios económicos. El parlamentario Carlos Urquijo aseguró que «el coste de la seguridad nunca puede ser determinante» ya que, «aunque sea oportuno elaborar estudios de riesgo individualizados, nunca se puede anteponer el presupuesto a la seguridad». Esta formación ya había sido informada de los planes de Interior y en su momento se opuso a ellos, actitud que mantuvo ayer.
Entre los colectivos profesionales, el reajuste tampoco encontró demasiados adeptos. El sindicato mayoritario de la Etzaintza, Erne, advirtió de que «en cualquier reorganización de este tipo debe primar la protección de los amenazados por encima de cualquier otro criterio», mientras la Asociación de Escoltas del País Vasco consideró que las garantías de seguridad respecto a ETA o la kale borroka «siguen estando en entredicho». Recordó, en ese sentido, que el terrorismo de persecución -practicado habitualmente por grupos radicales o la propia banda- «continúa tan activo como siempre». «Dejar sin protección a todas estas personas dibuja un escenario propicio para los violentos», avisó.
En los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía, la medida provocó discrepancias: para la Confederación Española de Policía, el recorte supone «un escándalo». El Sindicato Unificado de Policía, sin embargo, constató que hay personas con escolta fuera de Euskadi «que no tienen peligro» por lo que apoyó una racionalización de este servicio.
