El Parlamento, la Comisión y el Consejo de la UE llegaron ayer tarde a un acuerdo político que permitirá, si los plenarios respectivos de estas instituciones lo refrendan, instaurar en Europa un nuevo modelo de supervisión financiera que atañerá al sector bancario, los seguros y los mercados de valores.
El acuerdo, cocinado en negociaciones a puerta cerrada entre las tres instituciones europeas, permitirá poner en marcha el próximo 1 de enero tres comités de supervisión con poderes supranacionales en casos en que la materia tratada exceda el ámbito nacional. Los comités, denominados ESAs (por European Union supervisory authorities), tendrán capacidad para imponer mediaciones de cumplimiento obligatorio a empresas de los sectores concernidos, si los órganos nacionales de supervisión, que serán habitualmente preeminentes, no aciertan a ponerse de acuerdo en materias controvertidas. Sería, hipotéticamente, el caso de un gran banco que opere en varios Estados miembros, y en torno a cuyas prácticas los supervisores de esos Estados afectados no lograran ponerse de acuerdo.
Una cláusula de salvaguardia, aceptada por la Eurocámara, permitirá a un Estado miembro afectado por una decisión de cumplimiento obligado de alguno de los susodichos comités europeos de supervisión llevar el tema al Consejo de ministros de la UE, que tendrá potestad para revocarla. El argumento determinante será el costo económico que la decisión del supervisor europeo pueda representar para el presupuesto del socio comunitario concernido. Se trata de una prevención impuesta, esencialmente, por Reino Unido.
Tres sedes
El acuerdo establece tres sedes geográficas diferentes, no definidas, para los nuevos comités de supervisión. Hasta ahora se barajaba una localización única, en Fráncfort.
Los nuevos organismos se suman al Comité Europeo de Riesgos Sistémicos, ya establecido. Forman parte, como este último, de las nuevas estructuras de control financiero de la UE definidas a raíz de la crisis de las hipotecas 'subprime', pero sus capacidades operacionales se han visto limitadas con respecto a los planes iniciales de la Comisión, que fueron puestos sobre las mesas del Consejo y el Parlamento el año pasado.
El comisario Barnier (Mercado Interior y Asuntos Financieros), anunció ayer que presentará «antes de quince días» sus propuestas de regulación de productos derivados y de venta a descubierto.
