Las diputaciones han aplicado un procedimiento más duro que el utilizado por la Agencia Tributaria del Estado para 'aterrizar' sobre los presuntos defraudadores fiscales que tenían abiertas cuentas en el banco suizo HSBC -y en alguna otra entidad de este país- y no declaraban su existencia ni los rendimientos que les producían los depósitos. Así, mientras que el Ministerio de Hacienda optó por enviar una carta a los contribuyentes en la que les animaba a regularizar de forma voluntaria su situación fiscal, en el caso vasco esto no ha sido posible. Los titulares de las cuentas bancarias suizas han recibido una citación, con la que se inicia un procedimiento similar al de inspección que paraliza los periodos de prescripción de la deuda y deja sin efecto las declaraciones voluntarias que se puedan presentar.
Este proceso se inició a principios de mayo, cuando el Gobierno francés remitió a las autoridades españolas -al igual que hizo con las del resto de países europeos- un listado con titulares de cuentas corrientes y depósitos supuestamente opacos, abiertos en la sede suiza del HSBC. El documento, al parecer, había sido entregado a la Administración gala por un ex empleado de la entidad bancaria y contenía 1.500 nombres de ciudadanos y sociedades radicadas en España. Según el procedimiento habitual en casos similares, la Agencia Tributaria remitió de forma inmediata a las diputaciones los datos que hacían referencia a contribuyentes de la comunidad autónoma, ya que son las haciendas forales las que ejercen la competencia de inspección tributaria en territorio vasco. ¿Cuántos han sido cazados con 'dinero negro' en Suiza? No se conoce con exactitud, pero superan el centenar. La Diputación guipuzcoana ha admitido que tiene 86 contribuyentes en la lista, Álava sólo 6 y se desconoce el número de defraudadores vizcaínos.
Declaraciones revisadas
En algo que puede asimilarse a la 'estrategia de la seducción', la Agencia Tributaria envió notificaciones a los implicados a principios de junio -en pleno periodo de declaración del IRPF- para 'animarles' a que actualizasen su realidad fiscal de forma voluntaria y antes de que finalizase ese mes. El mensaje era claro: algo así como 'pase usted por ventanilla, confiese sus pecados, pague lo que debe y quedará libre de penalizaciones'.
En el caso del País Vasco, según ha podido conocer EL CORREO, la actuación ha sido muy diferente, más cercana a la 'percusión'. Los contribuyentes recibieron a mediados de junio una citación, en la que se les notificaba que Hacienda tenía información sobre un patrimonio suyo en Suiza y que iniciaba un procedimiento para investigarlo. En la práctica, una inspección fiscal con capacidad para analizar las obligaciones tributarias de cuatro años -van a ser revisadas las declaraciones de impuestos desde 2005-, aunque todo parece indicar que la investigación no será generalizada sino que afectará únicamente a estos depósitos hasta ahora ocultos.
El trabajo de inspección realmente acaba de comenzar, y todo parece indicar que las haciendas forales han optado por una posición dura pero «dialogante». Un matiz que, apuntan fuentes conocedoras del proceso, se podría traducir en la imposición de las sanciones menos severas dentro de las previstas.
Proceso complejo
En la mayor parte de los casos, agregan los mismos medios, los afectados tendrán que tributar por los rendimientos obtenidos de esos depósitos entre 2005 y 2009; al tiempo, deberán pagar también la parte correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio desde 2005 hasta 2007, ya que a partir de ese ejercicio fue derogado.
Pese a todo, fuentes de la Administración foral vasca han indicado que el proceso es extraordinariamente complejo, ya que la información que les ha llegado en el listado también lo es. Son numerosos los casos en los que el titular de los depósitos es un contribuyente ya fallecido; y en otros, corresponde no a titulares nominales de las cuentas, sino a apoderados de sociedades mercantiles.
