El Senado aprobó ayer la reforma laboral gracias al apoyo global que Entesa Catalana de Progrés y el Grupo Mixto prestaron al PSOE, porque los senadores del PNV, BNG y CiU se abstuvieron y sólo el grupo Popular se pronunció en contra. El proyecto ha sufrido algunos pequeños cambios en su paso por la Cámara Alta. El más significativo, la exigencia de que los parados, una vez transcurridos 30 días desde su inscripción en los servicios públicos de empleo, tengan que aceptar los programas de formación que se les propongan, «siempre que se correspondan con su profesión habitual o sus aptitudes formativas» -una aportación del PP-, si quieren conservar la prestación que perciben. En la actualidad, ese periodo se extiende hasta los 100 días.
Los puntos clave del texto que aprobó el Congreso se mantienen -las nuevas causas económicas del despido objetivo, la subvención de ocho días del Fogasa, la apertura a las agencias de intermediación privadas o la extensión del contrato con 33 días de indemnización- y su aplicación ya puede darse por definitiva. El Parlamento, que volverá a abordar el proyecto el 9 de septiembre, sólo tendrá la opción de dar marcha atrás en las escasas modificaciones introducidas ayer.
En la Comisión de Trabajo y Emigración del Senado, la votación arrojó un empate a 12, así como dos abstenciones, pero, al igual que sucediera en el Congreso, el resultado se decantó a favor al tomarse en cuenta el voto ponderado; es decir, el correspondiente a la representación de cada grupo. Con este cómputo, la ley salió adelante por el equivalente a 129 síes y 123 noes.
La votación en bloque impidió que ERC e ICV, integrados en Entesa, pudieran expresar su rechazo al proyecto. Incluso se dio la paradoja de que los vetos que defendieron los representantes de ambas formaciones, para que el proyecto fuera devuelto al Gobierno, se saldaran sin ningún voto a favor.
El grupo socialista aceptó propuestas de CiU y de los senadores nacionalistas -vascos y gallegos-, y ofreció transacciones en distintas materias. Entre las más significativas figura la excepción a los límites establecidos para el encadenamiento de contratos temporales en los programas de investigación y en las grandes obras públicas, que requieren una mayor continuidad. Fue unánime, por otra parte, el apoyo a una enmienda por la que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se da un plazo de doce meses para revisar las condiciones laborales y mejorar la 'empleabilidad' de las personas discapacitadas.
Cuatro enmiendas nacionalistas, tres del PNV y una de BNG, se aprobaron con el voto del PP. Los peneuvistas sacaron adelante su propuesta de eliminar como causa legal de despido que el absentismo global de una empresa alcance el 2,5%, o la restricción de la conversión en trabajadores fijos a únicamente los temporales que han realizado «idéntica actividad y en el mismo puesto» con contratos encadenados durante tres años, ampliables a uno más. Pero estas iniciativas, así como la del BNG para que el paro cobrado en los casos de desempleo parcial se compute por horas y no por días, no tienen demasiadas posibilidades de salir adelante en el Congreso de los Diputados.
El proyecto «del despido»
La portavoz del PP, Alicia Sánchez Camacho, insistió en que el proyecto resulta «claramente insuficiente» para invertir la tendencia del paro en un país que ya suma 4,6 millones de desempleados -según el cálculo de la EPA-. Aseguró que la reforma iba a producirse «en soledad parlamentaria y social» y se iba a recordar en todo momento como «el proyecto del despido», y censuró aspectos concretos como la subvención del Fogasa de ocho días de indemnización «incluso en los despidos procedentes». Sánchez Camacho aprovechó la ocasión para criticar al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, por su habilidad para desviar la atención con declaraciones a los medios, sin haberse acercado una sola vez al Congreso ni al Senado durante la tramitación del proyecto. De hecho, el ministro volvió a salir ayer a la palestra para insistir, por segundo día consecutivo, en su propósito de elevar de 15 a 20 años el periodo para el cálculo de las pensiones.
Matilde Fernández, en representación del PSOE, argumentó que la reforma había estado orientada a la búsqueda del equilibrio. «No me parece que estemos solos», se defendió. Y explicó que los cambios llevados a cabo en momentos de crisis siempre han sido desmontados cuando llega el crecimiento, mientras que esta reforma laboral aspira a la permanencia.
CiU se mostró muy satisfecha tras conseguir una precisión técnica en el enunciado de las causas económicas que facilitan el despido objetivo con indemnización de 20 días. En el texto aprobado, allí donde una coma separa «la existencia de pérdidas actuales o previstas» en una empresa de la «disminución persistente de su nivel de ingresos», pidió, y obtuvo, que se remarcara la diferencia con punto y coma. En todo caso, queda establecido que esas circunstancias han de poder afectar a la viabilidad o la capacidad de la compañía para mantener el nivel de empleo. Se «facilita» a los empresarios el despido por esta causa y a los jueces su interpretación, indicó el senador Jordi Casas.
«Los más conservadores»
Por su parte, CC OO y UGT acusaron al Gobierno de haber negociado con los grupos «más conservadores» del Senado enmiendas a la reforma laboral con las que se «amplía el poder empresarial en detrimento de los derechos de los trabajadores».
En un comunicado conjunto, los dos sindicatos señalaron que los cambios de la reforma aprobados en la Cámara Alta recortan aún más dichos derechos, «abaratando y agilizando los despidos». Según manifestaron, el texto supone un «atropello social» que «hace más necesaria, si cabe», la huelga general convocada el 29 de septiembre.
Asimismo, la federación nacional de autónomos (ATA) acusó al PSOE de «dejar tirado» a este colectivo tras rechazar en el Senado que estos trabajadores puedan tener derecho a la prestación extraordinaria de los 426 euros.
