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El Gobierno vasco hará de mediador entre caseros e inquilinos para impulsar el alquiler

GENERAL

El Gobierno vasco hará de mediador entre caseros e inquilinos para impulsar el alquiler

03.08.10 - 02:33 -
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El Gobierno vasco hará de intermediario entre caseros e inquilinos para intentar que despegue el alquiler privado, una opción que apenas abarca el 7% del parque residencial en Euskadi, pero que parece aumentar en los últimos tiempos a causa de la crisis económica. A partir de 2011, el departamento de Vivienda intentará poner en contacto a caseros y a los potenciales inquilinos, colocando dos incentivos sobre la mesa. A los primeros les ofrecerá un seguro para que se protejan en caso de impago de la renta, mientras que a los segundos les subvencionará el aval del contrato, que será depositado a efectos informativos en Bizilagun, un organismo público. Ahora bien, el propietario nunca podrá cobrar una renta por encima del tope que establezca la Administración vasca, cuya cuantía todavía no se ha concretado.
La mediación en el mercado de arrendamiento libre será incluida en el Plan Director de Vivienda 2010-2013, un documento que la consejería de Iñaki Arriola se ha comprometido a elaborar este año. El Gobierno vasco quiere que el proyecto se desarrolle de forma paralela al mercado de alquiler protegido, que abarca cerca de 19.000 pisos en Euskadi, con una renta media de 208 euros mensuales. Y también pretende que coexista con el programa Bizigune, otra alternativa que capta pisos vacíos para el arrendamiento. A través de Bizigune, que comenzó a funcionar en 2003, la Administración vasca tiene alquilados en la actualidad unos 4.700 inmuebles por un máximo de 600 euros al mes, con la garantía de que serán devueltos en perfecto estado al terminar el contrato, de cinco años de duración. Esas viviendas han sido adjudicadas a personas apuntadas en las listas de Etxebide, a las que se cobra una renta mensual no superior al 30% de sus ingresos.
En este momento, aparte de los pisos ya movilizados por Bizigune, otros 1.400 propietarios han ofrecido sus viviendas desocupadas y se encuentran en lista de espera del programa. Esa bolsa de inmuebles se ha reducido un 40% respecto a 2009, debido a que el departamento de Vivienda recurre a ella para cubrir las 'bajas' que se producen en el programa cuando expiran los contratos. Y es que muchos propietarios han desistido de renovarlos otro lustro más desde que el Gobierno vasco bajó la renta máxima de 750 a los 600 euros actuales. Una de las explicaciones que se barajan es que han preferido pasar al mercado libre porque, si bien los precios están cayendo, se pagan cantidades más altas (888 euros al mes de media en Euskadi).
Fórmula cara
Fuentes de la consejería de Arriola recalcan que Bizigune no va a dejar de funcionar, sino que incluso llegará a captar 5.000 pisos. Sin embargo, no ocultan que la fórmula les parece demasiado cara -el año pasado se gastaron 16 millones de euros en ese capítulo-. Argumentan que el Gobierno vasco no sólo debe financiar la diferencia entre la renta que le entrega al casero y la que recibe del inquilino (unos 300 euros de media). También tiene que devolver el inmueble a su dueño en perfectas condiciones cuando expira el contrato. Y la reparaciones cuestan unos 3.000 euros por vivienda.
Por ese motivo, el consejero Arriola se propone ahora ensayar la simple intermediación en el mercado del alquiler, una alternativa mucho menos comprometida para la Administración autónoma. En estos momentos, el Gobierno vasco se plantea establecer acuerdos con compañías de seguros y entidades financieras para poner en marcha el sistema de pólizas y avales que incentive a propietarios y clientes. La idea no es nueva en el País Vasco, ya que los ayuntamientos de Vitoria y San Sebastián han puesto en práctica experiencias parecidas desde el ámbito municipal. No obstante, el Ejecutivo autónomo ha introducido una diferencia importante: los caseros que se acojan a su fórmula tendrán un tope para cobrar.
En cierto modo, el modelo se inspira en el caso de Alemania, donde más de la mitad de la población reside en alquiler y donde la mayor parte del mercado de arrendamiento es privado, pero regulado por las autoridades.
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Una mujer consulta ofertas de pisos en una inmobiliaria de Vitoria. :: JESÚS ANDRADE

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