Amelia Amaya Jiménez no tuvo una existencia fácil. Minada por el consumo de drogas y la enfermedad, la joven bilbaína, de 32 años, mantenía una destructiva relación con Antonio Gutiérrez, de 42, -politoxicómano y con numerosos antecedentes policiales por robo- que la sometía a un constante maltrato. De hecho, la mujer le denunció en mayo pero, a pesar de la orden de alejamiento dictada por el juez, volvió a convivir con él. La noche del pasado sábado fue la última de la vida de Amelia, que ya forma parte de las estadísticas como la primera víctima de la violencia de género de 2010 en Euskadi: su compañero la propinó una tremenda paliza y murió como consecuencia de una hemorragia interna, mientras suplicaba «¡cari, no! ¡cari, no!». EL CORREO ha podido reconstruir esas últimas horas a raíz de las declaraciones de los tres imputados -su compañero sentimental, la madre y el hermano de éste-, los vecinos de la familia y las pruebas forenses.
La tarde-noche del 24 de junio, Amelia y Antonio salieron a tomar unas copas. El hombre, en tratamiento con metadona y diagnosticado de esquizofrenia, reconoció que había consumido «pastillas, alcohol, cocaína y heroína». Según su testimonio, volvieron sobre la una y media de la madrugada a su casa del barrio de Txurdinaga, un piso de alquiler social que compartían con la madre, M. Carmen, y el hermano de él, Justo. Poco después, la pareja se enzarzó en una fuerte discusión, como tantas otras veces.
En su declaración ante la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Bilbao, Antonio negó los hechos. Aseguró que cuando llegó a casa se metió en la cama y se durmió. Se limitó a argumentar que a Amelia «le dolía la tripa» y que las lesiones que presentaba «se las podía haber producido durante el día, antes de encontrarse con él». También fue contradictorio el testimonio de su hermano Justo, que aseguró haber salido con Antonio a las dos de la madrugada y que no volvieron hasta el amanecer.
Pero las declaraciones de los vecinos del inmueble y las pruebas recabadas en el lugar del crimen echan por tierra estas versiones. Según los residentes, entre las dos y las cinco de la madrugada se oyeron en el domicilio «gritos, ruidos y fuertes golpes como si estuvieran tirando muebles». Un testigo protegido reconoció cuatro voces, dos masculinas y dos femeninas: entre ellas destacaba la de uno de los varones que gritaba fuertemente: «¡Zorra, hija de puta, te voy a matar!».
«¡Déjala, que la vas a matar!, ¡no te metas en medio, quítate de en medio madre!», se oía decir al otro hombre, presumiblemente Justo. Amelia, entretanto, se quejaba y rogaba con voz débil: «¡Cari, no!». Según el fiscal, Antonio «golpeó de forma reiterada y sistemática a Amelia desde las dos hasta las cinco y media de la madrugada». Ningún vecino llamó al 112: todos coincidieron en que los altercados eran «habituales» en el seno de esta familia de raza gitana. «Alguna vez que hemos llamado ha venido la policía y nunca han hecho nada», se justificó un residente.
Le hizo el boca a boca
Sobre las cinco y media de la madrugada del domingo, la hermana de Antonio y Justo recibió una llamada en su móvil. «Amelia está mal», le dijeron. Cogió el coche y se desplazó hasta el bloque de Txurdinaga. Cuando llegó a la casa vio a su cuñada inconsciente y llamó a una ambulancia. Su hermano Antonio le estaba haciendo el boca a boca y masajes en el corazón, con la intención de reanimarla; incluso le colocaron un aparato de tensión para cerciorarse de que no tenía pulso. Al de un rato, llegaron los servicios de emergencia, que confirmaron que había muerto.
Tanto M. Carmen J. como su otro hijo sostienen que no escucharon la pelea ni los lamentos de Amelia. La suegra de ésta, de 61 años, aseguró que se acostó a sobre las once «y no oí nada en toda la noche». Argumentó que, además de una dolencia en el corazón, tiene un tímpano perforado y toma 14 pastillas diarias contra la depresión que le hacen tener «un sueño muy profundo». Según dijo, fue Justo el que la despertó para alertarle de lo sucedido: pensó que la chica había muerto «por la droga». «Estaba juntos porque querían. Hacían vida en común y de vez en cuando se peleaban, aunque luego volvían», declaró.
«Un desatino legal»
La jueza que instruye las diligencias decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres imputados: en el caso de Antonio, por un delito de quebrantamiento de condena-no respetó la orden de alejamiento de su víctima- y otro de homicidio, que le podría suponer una pena de prisión de entre 10 y 15 años. Por lo que respecta a M. Carmen y Justo, la magistrada sostiene que pueden ser responsables de un delito de homicidio mediante comisión por omisión -que acarrearía la misma condena- o bien de un delito de omisión del deber de impedir un hecho delictivo. A su juicio, ambos «oyeron y vieron lo acontecido y no adoptaron medida alguna (...) para evitar el fallecimiento de la víctima».
En este sentido, el abogado del principal encausado ha presentado un recurso de apelación contra el auto, al estar disconforme con la imputación a M. Carmen y Justo de homicidio mediante comisión por omisión. «Es un auténtico desatino y una absoluta falta de rigor jurídico», sostiene Gaizka Garzón. «Es imposible que un mismo hecho lo cometa simultáneamente una persona por acción y otra por omisión», razona el letrado.
En el caso de que la jueza optara por acusarles de no impedir el homicidio, considera «exagerada» la decisión de mandarles a la cárcel para un delito que el que el Código Penal castiga con una pena de 6 meses a dos años, «inferior al de robo con fuerza en las cosas». «A todos sorprendería que se decretase la prisión provisional a quien se lleva un radiocasette tras fracturar la ventanilla de un coche», sostiene en su escrito. Siguiendo el razonamiento de la jueza, Garzón se pregunta por qué no imputa a los vecinos, «que también oyeron lo que pasaba y no hicieron nada para impedir el crimen». «Si ambos hubieran alegado el temor que sentían ante la agresividad de Antonio y que intentaron mediar no se les habría imputado ningún delito», sostiene. Garzón cree que esta medida «desacertada» obedece a la alarma social que generan estos casos y está convencido de que saldrán absueltos, «pero dos meses en la cárcel no se los quita nadie».
