La estocada que pone fin a las corridas de toros en Cataluña es tan profunda que no sólo alcanza a los aficionados y al negocio taurino, también roza a los contribuyentes de la comunidad autónoma. Según un estudio difundido por la Plataforma de Promoción y Difusión de la Fiesta, el veto costará 57 euros a cada catalán en indemnizaciones al sector.
El documento -elaborado por Vicente Royuela, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona y miembro de la plataforma- recuerda que la administración pública tiene una responsabilidad financiera con los agentes económicos a los que prohíbe el ejercicio de su actividad. Así, calcula que la Generalitat deberá pagar entre 300 y 500 millones de euros en concepto de derechos de licencia, indeminizaciones por despido y reembolso de bienes materiales (como las plazas de toros), entre otros.
El sector ganadero es quien más teme las consecuancias económicas de un veto que considera impulsado por motivos económicos y no ecologistas. Y es que la familia del toro se mueve desde hace décadas bajo la espada de Damocles de los argumentos animalistas, pero el mayor puyazo se lo ha dado el juego de partidos. Así lo ven al menos los profesionales de la tauromaquia, que apuntan a la tensión Cataluña-España como principal causante de la abolición de las corridas que se confirmó ayer en el Parlament.
«El burladero animalista tras el que se refugian no me sirve porque no están protegiendo al toro, sino que se están diferenciando de España». Esa es la opinión del ganadero sevillano Eduardo Miura, que apunta a que la decisión parlamentaria «va contra la libertad de los aficionados» y supone una maniobra orquestada, pues los partidos catalanes «no se atreven a tocar otras manifestaciones similares», como los 'correbous', por su coste electoral. «Han dicho que no hay que mezclar toros con política, pero la realidad es que la política se ha metido en los toros».
Lo dijo el presidente de ERC, Joan Puigcercós, que el lunes ponía la venda antes de la herida, en línea con el presidente de la Generalitat, José Montilla, que apostaba ayer tarde por «no politizar la decisión». Ambos tuvieron escaso éxito, a juzgar por las declaraciones de profesionales del toro como el matador Manuel Jesús, El Cid: «La fiesta ha sido utilizada por los nacionalistas catalanes como arma arrojadiza contra España, es una forma de decir que ellos no son españoles».
«Nos han engañado»
«Estamos pagando los platos rotos de su antiespañolismo», añade el ganadero de Fuente Ymbro, Ricardo Gallardo, que coincide con el matador de Salteras al señalar al toro «como cabeza de turco. Somos una víctima colateral de una lucha totalmente ajena».
De esas trincheras sabe bastante el matador catalán Serafín Marín, que ha pasado estos últimos meses en la primera línea del frente de una guerra que perdió ayer y que le ha dejado «desolado y muy triste. El torero carga las tintas contra el PSC. «Nos la han metido doblada. Nos han engañado como a críos», dice en alusión a cómo los socialistas catalanes les «prometieron» el voto en bloque a favor de la fiesta y «en el último momento» abrieron la decisión a la conciencia de cada cual.
La batalla no terminó con la votación de ayer. El portavoz de la Plataforma en Defensa de la Fiesta, LuisCorrales, anunció que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional. «La lucha continúa y aquí no se acaba nada», dijo Corrales nada más conocer el resultado de la votación. La abolición en el Parlament fue la chispa que encendió una hoguera de reacciones como la de Salvador Boix, apoderado de José Tomás, que sólo pudo expresar su «tristeza» por verse «excluido» de su país. Para el ganadero Victorino Martín Andrés, la iniciativa ha salido adelante gracias a gente «inculta y cateta», mientras que su hijo, Victorino Martín, expresó que «la dejadez del mundo taurino tiene gran culpa de lo sucedido».
