Tras conocerse el veto a las corridas en Cataluña, el Partido Popular presentó un rápido contraataque destinado a invalidar la medida. Su presidente, Mariano Rajoy, anunció que el partido llevará sendas mociones al Congreso y al Senado para que la fiesta de los toros sea declarada Bien de Interés Cultural. Este reconocimiento protegería a la lidia en el conjunto de España e impediría su prohibición en las diferentes comunidades autónomas. El veto aprobado ayer en el Parlament podría ser finalmente anulado.
Desde un acto público de su partido en San Fernando (Cádiz), Rajoy aseguró que con su propuesta pretende «retratar al PSOE», que tendrá que demostrar «si cree en la nación, en la igualdad de todos y en el Estado de las autonomías». Señaló que el debate taurino tiene relación directa con la defensa de la libertad ciudadana. «No se pueden anteponer cuestiones identitarias o la búsqueda de diferencias absurdas a la libertad de los ciudadanos».
El dirigente popular se manifestó tanto a favor de los aficionados a la lidia como de «aquellos que dicen que no les gustan los toros. Quien quiera ir a los toros, que vaya. La libertad es fundamental», recalcó, al tiempo que equiparó la prohibición de las corridas con un hipotético veto a diferentes prácticas deportivas. «No es normal que una comunidad autónoma prohíba la caza, la pesca o las carreras de motos y otras no lo hagan. ¿A dónde vamos a llegar?», se preguntó.
Las mociones que el Partido Popular presentará ante el Congreso y el Senado también pedirán al Gobierno que gestione el reconocimiento de la lidia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, una medida que «ya se está haciendo en países como Francia», según especifica en una nota de prensa el Grupo Popular en el Senado.
El PP basa sus propuestas en un informe elaborado por el despacho de abogados Araúz de Robles, a petición de la familia de Pedro Balañá, propietaria de la plaza Monumental de Barcelona. En este documento se afirma que la prohibición de las corridas es inconstitucional, ya que «Cataluña carece de competencias para dictar una norma prohibitiva de la actividad taurina en cuanto que esta medida legislativa excede de las competencias de policía de espectáculos y de regulación del desarrollo ordenado de la actividad taurina», las únicas en las que la Cámara catalana podría legislar, según el informe.