Ocho años después de que se iniciasen las primeras actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción para investigar un presunto trato de favor de la Hacienda foral de Vizcaya a casi 170 contribuyentes, la Audiencia provincial de este territorio ha decidido la apertura de un juicio oral para dilucidar las responsabilidades de los imputados en este proceso: el ex jefe de la Inspección Fiscal de la Diputación de Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, y otros tres subordinados suyos en este área de la Administración foral. El juicio, en el que los cuatro funcionarios deberán responder como presuntos autores de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, desobediencia a los superiores y cohecho -en este caso solo Ibarra- comenzará el 17 de enero y las vistas se extenderán, previsiblemente, hasta el 10 de marzo.
Los casi dos meses que se ha estimado como periodo de duración del juicio -las sesiones se celebrarán de mañana, de lunes a jueves- están justificados por el elevado número de testimonios que han sido solicitados por la Fiscalía y las defensas de los acusados. Casi 170 personas, entre las que se encuentra buena parte de la plantilla de inspectores de la Hacienda vizcaína; altos cargos que ocupaban puestos de responsabilidad en la Diputación foral en los años 2002 y 2003, así como peritos y contribuyentes supuestamente beneficiados por las actuaciones de Ibarra, serán citados a declarar.
Actuación irregular
El procedimiento nace de una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción a principios de 2003, después de un proceso de investigación previa que consumió algo más de seis meses. Las indagaciones, y en especial el testimonio de los subordinados del jefe de la Inspección Fiscal, permitieron clarificar que existía una actuación irregular y no amparada por sus superiores al frente de esta sección clave en la lucha contra el fraude. Ibarra, según ha quedado acreditado en las actuaciones, utilizaba el programa informático que gestiona el 'flujo' de contribuyentes sometidos a un detallado análisis de sus cuentas en la Hacienda de Vizcaya, de una forma 'peculiar': introducía en la base de datos la indicación de que estos -casi 170, entre particulares y empresas, según los listados que ha manejado la Fiscalía- estaban siendo sometidos a una inspección. En el campo correspondiente a la identificación del inspector actuario responsable de cada expediente colocaba su propia clave.
Su actuación no se ajustaba a los procedimientos internos de la Diputación de Vizcaya. Ni los contribuyentes 'marcados' como objeto de inspección tributaria estaban siendo investigados por Hacienda, ni el propio Ibarra desarrollaba este tipo de trabajos, ya que su misión era la coordinación del área, pero no la instrucción de expedientes. La marca que se colocaba en la base de datos, sin embargo, sí tenía efectos. Al figurar 'oficialmente' como contribuyentes sometidos a inspección, nadie en la Hacienda vizcaína podía iniciar una actuación contra ellos. En los casos en que se hizo, los funcionarios tuvieron que solicitar previamente a Ibarra que «levantase la traba» para poder iniciar un expediente sobre algunos de los aparentemente 'protegidos'.
Amenazados por ETA
En su declaración ante el juez instructor del sumario, Ibarra argumentó su actuación con razonamientos que fueron descalificados por los máximos responsables de Hacienda. Así, indicó que en algunos casos utilizaba ese procedimiento especial sobre contribuyentes amenazados por ETA y que exigían una máxima confidencialidad en el tratamiento de sus datos o, también, en el caso de algunas «empresas en dificultades» para evitar agravar su situación económica.
Un informe pericial encargado por el juzgado a inspectores de la Agencia Tributaria y de la Hacienda vizcaína determinó que, al menos, Ibarra no había sido muy sincero en el pago de impuestos. Unos 320.000 euros invertidos entre los años 2001 y 2002 no estaban justificados en sus declaraciones de Renta. Este hecho llevó a la Fiscalía a presumir que pudo existir una contraprestación económica de ese colectivo de contribuyentes supuestamente protegidos.
