Pocas ordenanzas del Ayuntamiento de Bilbao se han hecho tan populares como la de Espacio Público, que entrará en vigor el próximo mes de octubre. Durante su tramitación ha recibido varios 'homenajes' en la calle, aliñados con besos, música y cometas, y el periodo de exposición pública tampoco ha pasado desapercibido para los ciudadanos. El Consistorio ha recibido una única alegación respaldada por 3.500 firmas que piden la retirada del texto legal y seis propuestas de particulares y diferentes colectivos sobre aspectos concretos. Ninguna dejará huella en la normativa, ya que únicamente se estudia estimar las referentes al uso de 'segways' en la vía pública.
Las peticiones de retirada van acompañadas de un escrito de la plataforma Kalea guztiona da!, que ha organizado concentraciones de protesta y la «besada popular» del pasado 26 de junio. Acusan al Ayuntamiento de elaborar la normativa «sin participación ciudadana» para convertir Bilbao «en un lugar propio de una postal para turistas y congresistas». Por ello proponen empezar de nuevo el proceso y abordar «de forma sosegada» el debate sobre el uso del espacio público. En caso de que fuera necesaria una ordenanza, creen que debería someterse a una consulta popular. Este escrito lleva la firma de ciudadanos particulares -una sola persona entregó 3.349 firmas- y de representantes de colectivos como el sindicato LAB, Aralar y la izquierda abertzale.
Sin veto a los «achuchones»
«La mayoría silenciosa está totalmente de acuerdo en que en la calle haya seriedad y orden», replica el alcalde, Iñaki Azkuna. El director de la Oficina de Uso del Espacio Público, Tomás del Hierro, cree que el rechazo frontal proviene del desconocimiento. «Hay gente que no ha leído la ordenanza y hace malas interpretaciones, cree que lo prohibimos absolutamente todo», dice. En su opinión, hay tres grandes equívocos que deben ser aclarados. Ni se sancionarán «los achuchones», salvo que el sexo sea tan explícito que entre en el terreno de las «prácticas incívicas», ni se prohibirán actividades políticas como mesas de recogida de firmas o reparto de pasquines, ni se perseguirán las actuaciones musicales, porque la nueva normativa «es más abierta que lo que hay ahora». Los músicos deben cumplir unos requisitos, pero ya no necesitarán pedir autorización.
Entre las alegaciones parciales, sólo hay dos que se van a tener en cuenta. Una de ellas para añadir un nuevo artículo a los 134 ya redactados con el fin de prohibir «los usos impropios del espacio público». A falta de la redacción definitiva, se sabe que se inspirará en la ordenanza cívica de Barcelona y que en la lista de actividades proscritas se incluirán las acampadas y los baños en las fuentes públicas. No se va a entrar, sin embargo, en el delicado asunto de la indumentaria, que sí ha abordado el Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Aquí no hay playa y el clima no invita tanto a quitarse la ropa como en las poblaciones mediterráneas, por lo que no se considera necesario plantar cara a los descamisados.
En cuanto a las peticiones para suavizar la normativa, «le estamos dando una vuelta al tema de los 'segways' e igual aceptamos alguna alegación», afirma Del Hierro. La norma prohíbe su uso en las aceras, junto a bicicletas, patines y otros elementos similares, «salvo habilitación especial para ello». Los responsables municipales han visto casos opuestos. Una persona mayor con cojera que utiliza este patinete para desplazarse «y va al paso normal, y un chico joven que va a toda velocidad por la acera, con riesgo para el peatón».
No todas las alegaciones pretendían eliminar restricciones de la ordenanza. La asociación de vecinos de Miribilla, Saralegi y San Francisco quería ir un paso más en el controvertido artículo sobre la prostitución cambiando sólo dos palabras. Consideran que esta práctica atenta contra la convivencia ciudadana «ya que contraviene el uso común del espacio público», mientras que la redacción original, «cuando contravenga el uso del espacio público», deja un margen para decidir sobre conductas concretas. Cuestión de matices, pero lo cierto es que esas dos palabras ya se debatieron en el equipo de gobierno y EB apostó claramente por el «cuando». El detalle ilustra lo sensible que es esta normativa y por qué se ha tardado tanto en regular la prostitución.
