El Gobierno vasco modificó ayer el decreto sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias, con el fin de aumentar un año el plazo fijado para cumplir las obligaciones del uso del euskera en los comercios. El Ejecutivo de Patxi López evita de ese modo imponer multas a los establecimientos que no se han adaptado aún a esta normativa aprobada por el Gobierno de Juan José Ibarretxe, ya que el plazo terminaba el pasado domingo.
El Ejecutivo socialistas justifica la reforma con el argumento de que «no se dan las condiciones adecuadas» para aplicar sanciones, teniendo en cuenta «la realidad sociolingüística actual en Euskadi». El Gabinete socialista reconoce, además, que «se debe continuar dando pasos para alcanzar una verdadera normalización del uso del euskera en todos los ámbitos de la sociedad».
La normativa reformada ayer, que elaboró el anterior viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, fue aprobada el 1 de julio de 2008 y entró en vigor el 17 del mismo mes. Desarrolla la ley del Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias, que reconoce a los ciudadanos el derecho a recibir en euskera y castellano información sobre bienes y servicios y a usar cualquiera de las lenguas oficiales en sus relaciones con empresas o establecimientos de la comunidad vasca.
Obligaciones
El decreto obliga a rotular y a atender en euskera a los establecimientos con más de 250 trabajadores y con un volumen anual de negocio superior a los 50 millones de euros, o con una superficie mayor de 400 metros cuadrados que estén ubicados en capitales o municipios con más de un tercio de ciudadanos bilingües. También exige personal euskaldun a los centros comerciales con más de 15 trabajadores que presten atención al público. En la práctica, afecta a grandes cadenas, bancos, operadoras de comunicación, empresas de transporte y suministradores energéticos, unas 2.000 firmas en Euskadi.
En su día, tanto el PSE como el PP arremetieron duramente contra una medida que calificaron como «un atropello a la libertad de comercio». El Gabinete de Patxi López anunció al inicio de la legislatura su intención de «establecer los mecanismos legales apropiados para que el aspecto sancionador del decreto no tuviese repercusiones sobre las empresas, entidades y establecimientos abiertos al público». Es más, uno de los puntos del pacto de Gobierno del PSE con el PP era la paralización de este decreto.
La normativa fijaba un plazo de dos años, que se cumplieron el pasado día 17 de julio, para que los establecimientos se adaptaran a la mayor parte de los requisitos exigidos. El Gobierno vasco ya avanzó en junio que no impondría multas a los comercios que incumplan el decreto de derechos lingüísticos de los consumidores y detalló que «había puesto en marcha el proceso para modificar el decreto».
La asesoría jurídica del Ejecutivo autónomo realizó un estudio para buscar la fórmula más adecuada y, a la vez, ajustarse a la Ley. La solución adoptada ha sido finalmente la de introducir esa moratoria en el cumplimiento de los requisitos de uso del euskera en los comercios para evitar las multas, hasta que «la realidad sociolingüística lo aconseje». Tras el anuncio del Gobierno vasco hace un mes, los partidos de la oposición censuraron que esta reforma puede suponer un «aplazamiento indefinido» de las sanciones.
