Nunca se sabrá quién pagó el rescate del 'Alakrana'

Punto y final. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dio por concluida ayer la instrucción del sumario por el secuestro del atunero bermeano 'Alakrana' a mano de piratas somalíes. Lo hizo tras nueve meses de investigación en los que poco o nada ha conseguido ser aclarado. El magistrado ha elevado el caso a la Sala de lo Penal para que siente en el banquillo a los dos corsarios apresados y encarcelados en España, pero sin haber determinado quién y cómo pagó el rescate de los 36 tripulantes del barco -16 de ellos españoles-, secuestrado el 2 de octubre de 2009 y liberado 47 días después.

En realidad, Pedraz ha cerrado de una misma tacada dos investigaciones paralelas. La primera trataba sobre el secuestro en sí y sus responsables. En esta parte del sumario han sido procesados dos de los piratas que supuestamente participaron en el asalto, Cabdullahi Cabduwily, alias 'Abdu Willy', y Raageggesey Hassan Aji, alias 'Machote', capturados por la tripulación de la fragata española 'Canarias' el 4 de octubre tras abandonar el atunero en una lancha. El juez ya les acusaba formalmente de 36 delitos de detención ilegal -tantos como tripulantes-, otros de robo con violencia y uno de uso de armas. Unas imputaciones, todavía provisionales, que les podrían suponer cerca de 200 años de cárcel.

La segunda parte de la causa, que se mantenía en secreto, versaba exclusivamente sobre el supuesto pago del rescate. El pasado 17 de febrero el juez pidió al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que aclarara «la identidad de personas, empresas, grupos o bufetes nacionales o internacionales vinculados con los secuestradores como intermediarios o destinatarios finales del rescate, pagando o colaborando con estructuras u organizaciones dedicadas a la piratería».

Pedraz reclamó esta información al CNI después de que el 18 de enero el armador del 'Alakrana', Kepa Etxebarria, desvelara ante el juez que el rescate se gestionó desde la embajada española en Nairobi (Kenia) y que rondó los cuatro millones de dólares -2,7 millones de euros al cambio de entonces-. Según detalló al magistrado, las negociaciones con los piratas fueron gestionadas por un español que apareció por sorpresa en la legación y que se hacía llamar Pepe. Pepe, «de los misteriosos», tal y como él mismo respondía cuando Etxebarria le preguntaba para quién trabajaba o si era un agente del Centro Nacional de Inteligencia.

Sin embargo, el CNI ha desoído las órdenes del juez. Según informaron ayer fuentes de la Audiencia Nacional, Defensa no ha respondido a las dos solicitudes de información del instructor, alegando que se trata de materia clasificada y «secreta». El juez finalmente ha decidido desistir y cerrar el asunto, ya que la Fiscalía no le ha pedido que se dirija al Gobierno para pedir la desclasificación de esos papeles al Consejo de Ministros. Y el instructor no puede hacerlo de 'motu proprio'.

¿Terrorismo?

La de ayer es la segunda ocasión en la que Pedraz da carpetazo a la investigación del secuestro del 'Alakrana'. El 17 de noviembre del año pasado, horas después de la liberación de los marineros, el magistrado acordó concluir el sumario. Sin embargo, el 9 de febrero, la Sección Cuarta de Sala de lo Penal le ordenó reabrir el caso después de que cuatro víctimas del asalto -el jefe de máquinas del 'Alakrana', Víctor Bilbao, y los marineros Andoni Gotxi, Gaizka Iturbe y Francisco Veladez- pidiesen que se practicaran nuevas diligencias para esclarecer si el secuestro, en realidad, había sido un acto de terrorismo.

La consideración de los piratas como miembros de una banda organizada podría llevar a fueran condenados por delitos de terrorismo, lo que, según algunas fuentes jurídicas consultadas, abriría la puerta para que los secuestrados percibiesen una indemnización por su condición de víctimas.

Pedraz no ha tomado ninguna decisión sobre esta petición de imputar a los dos detenidos los delitos de asociación ilícita y terrorismo, según informaron fuentes judiciales. El magistrado considera que no es el momento procesal adecuado para modificar la calificación, ya que tal calificación recae con anterioridad en el acusador público. El juez, no obstante, ya pidió en su momento a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía que le informara sobre si había indicios para vincular a este grupo de piratas con Al Qaida. Cuando Baltasar Garzón el pasado 13 de octubre, en esas fechas en sustitución de Pedraz, envió a los dos corsarios a la cárcel les acusó de pertenecer al grupo 'Burcad Badeed ('Los que roban en el mar').

Además del asunto de la asociación ilícita, la Sección Cuarta instó al juez a la realización de otras diligencias que también consideraba «ineludibles». En concreto, el tribunal acordó que los forenses sometieran a los marineros a un examen médico en el que se pudieran acreditar los daños psicológicos y físicos que sufrieron a consecuencia del cautiverio.