Barrika adjudicó el pasado jueves de forma provisional los servicios de revisión del Plan General de Ordenación Urbana a la empresa Erdu S.L, por un importe de 189.500 euros. Sus responsables deberán aportar al Ayuntamiento una garantía de 9.475,20 euros. Si el resto de los participantes en el concurso público convocado por el Consistorio no presentaran ninguna alegación, la adjudicación se hará definitiva en septiembre.
Entonces, la firma adjudicataria será la encargada de diseñar el Barrika del futuro, aunque se abrirán cauces de participación ciudadana para que los vecinos puedan presentar sus sugerencias. El nuevo equipo redactor abordará varios frentes.
Por un lado, deberá acatar la sentencia del Tribunal Supremo dictada en julio de 2009, por la cual el alto tribunal anula la recalificación de 19 hectáreas en Muriola y San Telmo, dentro del área de Barrikabaso. El órgano de Justicia, cuya decisión es inapelable, consideró que su recalificación no estaba justificada y por lo tanto, que el terreno conserva su condición de área no urbanizable de especial protección paisajística.
Asímismo, el proceso de revisión del PGOU incluirá tratar el futuro de la urbanización de 14 chalés de Muriola, que se levantaron sobre un suelo protegido cuya recalificación ha anulado el Supremo. Los partidos de la oposición aprobaron en el pleno por mayoría que se dejasen fuera de ordenación, tal y como solicitaron los ecologistas a cambio de no pedir su derribo.
Por último, el nuevo gabinete que diseñará el planeamiento urbanístico de Barrika deberá encajar las al menos 407 viviendas - la localidad cuenta actualmente con unas 600-, que prevé el PTP en su entramado urbano y conjugarlas con la planificación de nuevos servicios municipales. A esto se suma que se plantearán algunas peticiones de los grupos políticos, como ampliar la zona de servidumbre costera a los 200 metros en parte del litoral municipal.
Contrato rescindido
El proceso de selección de un nuevo equipo redactor para el plan de ordenación urbana se lleva a cabo después de que el Ayuntamiento rescindiera el contrato en noviembre a la empresa de arquitectura Agora, que desarrollaba estas labores desde 2001.
La explicación ofrecida a la oposición fue entonces la incompatibilidad de cargo de la redactora del plan, que desde las últimas elecciones autonómicas ocupa un puesto de directora en el Gobierno vasco. El contrato se finiquitó «de mutuo acuerdo», aunque su trabajo costó 156.000 euros a las arcas locales. Ahora, el objetivo es que una nueva firma corrija y complete las labores realizadas por Agora a lo largo de casi una década.
