Reconocer a las víctimas sin paralelismos ni equiparaciones

INÉS IBÁÑEZ DE MAEZTUDIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO VASCO
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                             JOSÉ IBARROLA/
:: JOSÉ IBARROLA

Miembros del colectivo Argituz, entre los que se encuentra mi antecesor en la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jon Landa, reclamaban en un artículo (EL CORREO, 8-7-10) un reconocimiento «equitativo y plural» de todas las víctimas que la violencia de motivación política ha provocado en Euskadi en los últimos 40 años. Resumiendo, su planteamiento viene a decir que mientras las víctimas del terrorismo de ETA han visto reconocidos sus derechos en leyes y se ha impulsado para ellas un discurso público de reconocimiento y reparación, otras 'víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política' (por utilizar la misma terminología del informe que el propio Landa elaboró en junio de 2008) aún esperan salir del olvido institucional. Con 'víctimas de violencia de motivación política' el colectivo se refiere, básicamente, a personas asesinadas o heridas en atentados llevados a cabo por agentes de la autoridad, grupos parapoliciales o de incontrolados, y a víctimas de torturas en dependencias policiales.

Como responsable de la Dirección de Derechos Humanos, quiero dejar constancia del firme compromiso del Gobierno vasco con todas las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos en Euskadi, así como con la defensa de los principios de libertad, pluralismo político y respeto a la legalidad. Toda forma de tortura, abuso de poder o extralimitación por agentes de seguridad, en el marco de la lucha antiterrorista o en cualquier otro ámbito, debe ser perseguida, denunciada, investigada y condenada en los tribunales.

El futuro de nuestra convivencia deberá ser construido ineludiblemente sobre la memoria de las víctimas. De todas. Los vascos queremos poder mirarnos mañana a los ojos y recordar a quienes más han sufrido para que la historia, nuestra historia, no se repita. El reconocimiento de todas las víctimas es, en consecuencia, no sólo un acto de justicia sino la expresión sincera de una sociedad que no quiere revivir nunca más el sufrimiento injusto que ellas han padecido.

Dicho esto, es importante que las instituciones actuemos con rigor a la hora de reconocer todos los sufrimientos padecidos en Euskadi para no incurrir en paralelismos y equiparaciones injustas. Esto es, para no alimentar el continuo y reiterado recurso a la teoría del conflicto político del que se derivan, como manifestaciones inevitables de violencia paralelas, el terrorismo de ETA por un lado y las vulneraciones de derechos humanos por otro.

Este tipo de planteamientos que presentan dos violencias enfrentadas, como fenómenos interdependientes o concausales, además de ofender la memoria de las víctimas del terrorismo, ignora y oculta que, en el ámbito internacional, las entidades y organismos que tutelan los derechos humanos distinguen siempre entre su vulneración en Estados democráticos y en los que no lo son. Por ejemplo, Amnistía Internacional reserva la calificación 'de motivación política' a las víctimas de dictaduras y regímenes totalitarios que no cumplen los presupuestos básicos de un Estado de Derecho. En los que sí lo son, como España desde que entró en vigor la Constitución de 1978, sus informes incluyen estos supuestos en el apartado de abusos o extralimitaciones del poder por el Estado y sus agentes.

Ésta no es una mera distinción teórica, sino que resulta sumamente práctica en el caso que nos ocupa. En primer lugar, nos indica la necesidad de fijar un límite temporal a la violencia de motivación política que hemos padecido en Euskadi en la dictadura (1968-1975) y en los primeros años de la Transición a la democracia. Sánchez Soler, en su definición de violencia de motivación política, la ciñe en el caso español a aquellos supuestos en los que hubo una actuación organizada o consentida por el Estado o sus agentes, y limita el fenómeno hasta 1983. Es una fecha. Se podrían fijar otras posteriores, pero es importante establecer el momento en que el Estado español, apagados los rescoldos del franquismo, pasa a ser una democracia asimilable a las de nuestro entorno.

Y, en segundo lugar, por cuanto no pueden equipararse realidades que son sustancialmente diferentes. Siendo cierto que la vulneración del derecho y la victimización se producen con independencia del origen de la lesión, a efectos del reconocimiento y reparación del daño no es lo mismo que la violación proceda del ejercicio de un poder legítimamente constituido en un Estado democrático, a que tenga lugar en un ámbito sociopolítico que desconoce y niega los derechos fundamentales y las libertades públicas. Un Estado democrático goza de sus propios instrumentos de reconocimiento y reparación del daño procedente de un anormal funcionamiento de sus instituciones y, en su caso, la vulneración será un hecho anormal y excepcional en el conjunto del sistema. Todo ello sin perjuicio de que deban reforzarse los mecanismos de prevención y las garantías en relación a eventuales vulneraciones derivadas de los agentes del Estado.

Teniendo todo esto en cuenta y sin perder de vista que la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo ya reconoce tanto a las víctimas de grupos como ETA, los GAL y otros de extrema derecha, como de personas individuales, desde la Dirección de Derechos Humanos vamos a responder al mandato parlamentario para atender otras violaciones no contempladas en la citada ley. Un trabajo que debe ser riguroso y que requiere de consenso político si queremos que dé frutos duraderos. Sólo así contribuiremos desde los poderes públicos a la tarea de construir la paz y sólo así podremos compensar, en la medida de lo posible, los olvidos y la incomprensión que las víctimas han sentido y sufrido durante muchos años.

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