El PSE ha respondido a las duras críticas que realizó hace unos días la alcaldesa de Durango, Aitziber Irigoras, cuando señaló que la moción aprobada por este grupo, el PP y Aralar sobre señalización viaria tenía «un dudoso encaje legal» y que, por ello, había solicitado un informe jurídico. A juicio de la concejala socialista Idoia Agorria, al adoptar esta decisión la alcaldesa «pone en duda la labor del secretario», ya que, tal y como establece el artículo 94.3 del ROFL, éste debe asesorar a la Corporación cuando en un debate plenario «se plantea alguna cuestión sobre la que pueda dudarse su legalidad».
La moción a la que hacen referencia, tanto Irigoras, como Agorria, es la que aprobó el pleno de Durango el pasado día 1 de julio con el propósito de que el Ayuntamiento comenzara a utilizar sistemas antideslizantes en pasos de peatones y el carril-bici para evitar caídas y resbalones de cicloturistas y motoristas. En una rueda de prensa convocada ayer, la edil socialista se mostró sorprendida de que la alcaldesa realizara estas declaraciones un día después de la sesión, cuando durante la misma no hizo uso de su turno de palabra para justificar el voto contrario de su grupo.
En palabras de Agorria, la postura de Irigoras denota una «grave dejación de funciones», ya que esta propuesta ha sido reclamada en»numerosas ocasiones» en la comisión de Desarrollo Sostenible, por lo que la alcaldesa «!ha tenido tiempo de sobra para advertir al resto de los grupos de sus dudas antes del pleno». De hecho, la concejala socialista añadió que ella misma se entrevistó en los días previos con representantes de todas las fuerzas políticas para explicarles en qué consistía la moción, incluyendo con la presidenta de la comisión de Urbanismo, la 'jeltzale' Mari Jose Balier.
Mocion legal
Es por ello que arremeten contra la portavoz el PNV, quien, desde su punto de vista, «no acepta las reglas de la democracia. Ni acepta una oposición que critique ni acepta una oposición que proponga. En todos los casos tacha de demagogia lo que, a todas luces, es un ejercicio democrático». Tras recordar que en otros ayuntamientos como Bilbao o Abadiño están poniendo en marchamedidas como las que ellos solicitan a través de esta moción, el PSE no tiene «ninguna duda» de que la moción es legal y, en este sentido, recuerda a Irigoras que los acuerdos plenarios «son de obligado cumplimiento».
«La alcaldesa y su grupo votan, pierden y luego patalean diciendo que no tiene encaje legal. Si tenían dudas podían haberlas planteado antes, ya que están facultados para hacerlo por el artículo 173 del ROFL», concluyó Agorria.
