La investigación abierta por el saqueo al Palau de la Música catalana ha cobrado las dimensiones de un interminable culebrón. Cuando se cumple un año del descubrimiento del desfalco, las pesquisas demuestran que el ovillo de la corrupción en el seno de la cultura catalana estaba extraordinariamente enmarañado. Félix Millet, que dimitió como presidente del Palau en julio de 2009, y su entonces mano derecha Jordi Montull habrían desviado hasta 35 millones de euros de las arcas de la institución. Ambos, principales imputados en el caso, declaran mañana en una comisión parlamentaria.
Buena parte de ese dinero fue a parar presuntamente a sus bolsillos y a escandalosos viajes familiares en las Maldivas, Kenia y Dubai. Pero también pudo servir para financiar partidos. Ni CiU ni el PSC, las fuerzas políticas mayoritarias, se han librado del folletín protagonizado por Millet, que ya ha sido apodado como el Madoff catalán, en alusión al timador de Wall Street.
A Convergència i Unió le sobran motivos para la preocupación. Comprometedores documentos publicados la semana pasada apuntan a una presunta financiación irregular de Convergència a través de los tejemanejes de Millet. CDC, el socio mayoritario en la federación que lidera Artur Mas, habría cobrado jugosas comisiones por la adjudicación de obras públicas a la empresa Ferrovial. Al parecer, el ex presidente del Palau habría pedido en 1999 al que era contable de Convergència Carles Torrent que hiciera «lo imposible» para conseguir obras para esa compañía. «Si no fuera porque estamos quedando mal, no te insistiría», le escribió en una carta.
CiU niega las acusaciones. Considera que los documentos publicados no constituyen «pruebas concluyentes» porque «no están firmados ni contrastados», según explica a EL CORREO el diputado convergente Jordi Turull. «Todo responde a una estrategia de acoso y derribo», lamenta. El caso podría tener un alto coste político para el partido de Mas, que aspira a ganar las elecciones catalanas de otoño.
Los socialistas también tienen razones para inquietarse. Los máximos responsables de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona han sido imputados por haber dado un trato de favor a Millet en la construcción de un hotel de lujo junto al auditorio modernista de la música. Ramón García-Bragado, Ramón Massaguer y Carles Díaz habrían sido cómplices de «una operación especulativa en beneficio de intereses privados», según la juez Miriam de Rosa.
Cuatro investigaciones paralelas indagan el rastro de los saqueadores del Palau: las abiertas en dos juzgados de Barcelona, dirigidas por Juli Solaz y Miriam de Rosa, y las comisiones en el Parlamento catalán y en el Ayuntamiento de la ciudad condal. Las pesquisas ayudan a trazar el perfil de Millet, un personaje que se desenvolvía con soltura entre las altas esferas de la política y la sociedad catalanas; conseguía tratos de favor de unos y otros; intercedía en la concesión de proyectos públicos a terceros; y actuaba de mecenas en propuestas políticas de distinto signo.
Barça, Liceu y La Caixa
Sobrino-nieto del fundador del Orfeó Català, el compositor Lluís Millet, pertenece a una de esas «400 familias de Barcelona que manejan el cotarro en Cataluña», y que se mueven entre la tribuna del Barça, los palcos del Liceu y los consejos asesores de La Caixa. «Tenía las puertas abiertas en la Administración porque la palabra de un Millet era aval de pedigrí», describe para este periódico el diputado del PSC Joan Ferran. «Todos querían llevarse bien con él porque era el representante de una institución histórica, símbolo por excelencia de la burguesía catalana». La frase «vete a ver a Millet» era común entre las elites que buscaban sus favores; y que luego él cobraba sin tapujos.
Amante del derroche, durante décadas se las apañó para vivir a todo trapo a costa supuestamente de las arcas del Palau. Los fondos de la entidad pagaron exóticos viajes familiares, la costosa boda de su hija, las caras reformas de su casa, abultados sobresueldos y hasta un pelotazo inmobiliario. Su secretaria personal durante 35 años, Elisabeth Barberá, ya ha explicado que la institución manejaba cantidades ingentes de dinero negro. Cada mes la familia de Millet se llevaba «otro sueldo» con sobres que contenían billetes de 500 euros y que servían para pagar a «las criadas, al jardinero, las clases de hípica o la guardería de sus nietos».
Félix Millet y Jordi Montull siguen el culebrón en libertad provisional y sin fianza. Apenas estuvieron trece días en prisión porque el juez Solaz consideró que no pueden interferir en la investigación, pese a que el nuevo equipo del Palau los descubrió destruyendo documentos en las trituradoras de papel tras el escándalo. Mañana deberán declarar ante la comisión parlamentaria que investiga la presunta financiación irregular de CiU, una cita a la que Millet acudirá con un nuevo abogado porque su letrado acaba de renunciar a la defensa alegando «una pérdida de confianza en su cliente».