El Ayuntamiento se ha cansado de esperar una respuesta de los dueños de tres portales de la calle Cubo. Hace meses que les reclamó la reparación urgente de sus desconchadas fachadas. Nunca ha obtenido respuesta. Así que el Departamento de Urbanismo ha tramitado una orden de ejecución para que se acometa el arreglo. Si continúa el silencio, el propio Consistorio contratará los trabajos, pero remitirá la factura a los propietarios.
La historia viene de lejos. Los bomberos han tenido que acudir en varias ocasiones al lugar debido a los fragmentos caídos a la vía pública. El caso llegó a oídos de Urbanismo. El pasado 21 de diciembre, la arquitecta municipal visitó el enclave, inspeccionó los tres portales en mal estado -los números 6, 8 y 10- y emitió un informe muy crítico.
«A pesar de que se han limpiado las zonas más peligrosas, sigue habiendo áreas muy desconchadas que pueden caer, por lo tanto estimo que se rehabiliten dichas fachadas de manera similar a lo ejecutado en el edificio 4 de la misma calle», requirió en sus conclusiones.
El posterior informe definitivo, elaborado por Urbanismo, determinó que los propietarios «no han cumplido con el deber de mantener su edificio en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público». En base a ese texto, el Ayuntamiento decidió la emisión de una orden de ejecución de las «obras de reparación, conservación y rehabilitación» de los tres bloques.
El requerimiento, además, tiene carácter ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que si los dueños no acometen las reformas, será el Ayuntamiento quien adopte esa potestad. Eso sí, la minuta final de los trabajos siempre deberán abonarla los propietarios de los pisos.
Todo indica que ocurrirá lo segundo. El problema radica en que, hasta la fecha, nadie se ha puesto en contacto con los responsables de Urbanismo. EL CORREO ha acudido al lugar y se ha encontrado con un panorama desalentador. Las fachadas presentan un estado calamitoso. En el interior, la actividad resulta mínima. Muchos de los domicilios están abandonados.
En los aún ocupados residen familias de origen magrebí que pagan un alquiler por el piso. «No sabemos nada. Apenas hablamos español y tenemos miedo de que el dueño nos eche si el Ayuntamiento empieza a hacer preguntas», comenta uno de los inquilinos.
