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La comisión que investiga los bonos del ferry cita a Pradera y Rosa Díez

VIZCAYA

La comisión que investiga los bonos del ferry cita a Pradera y Rosa Díez

Martín Martínez, ex diputado socialista de Transportes entre 1995 y 1999, niega cualquier responsabilidad en el caso

19.06.10 - 02:40 -
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La comisión que las Juntas Generales puso en marcha para aclarar los «hechos relacionados» con la desaparición de 35.707 bonos del ferry 'Pride of Bilbao' avanza en sus investigaciones. Ayer celebró una nueva sesión a puerta cerrada, en la que declararon Martín Martínez, diputado socialista de Transportes entre los años 1995 y 1999, y Miguel Ángel Fernández, director del área en aquella legislatura. Según ha podido saber este diario, sus testimonios han llevado a los integrantes del grupo de trabajo a solicitar la presencia en la Cámara vizcaína del José Alberto Pradera, diputado general entre 1987 y 1995, así como de Rosa Díez, ex consejera de Turismo del Gobierno vasco y actual líder del partido político UPyD.
La decisión de citar a estas dos personas fue tomada por unanimidad, después de que Martínez y Fernández centraran su comparecencia en explicar cómo la gestión de los billetes para viajar en el barco de la compañía P&O recaía sobre el jefe de los Servicios Generales -quien también ha sido llamado- y el control jurídico del caso, sobre Presidencia. Asimismo, a los integrantes de la comisión también les llamó la atención el hecho de que el primer convenio que se puso en marcha con la naviera británica fue rubricado por Díez, que, años después, no estampó su firma en el segundo acuerdo alcanzado, según precisan las fuentes consultadas.
35.707 billetes
El ex diputado de Transportes y el director del departamento aseguraron que se destruyeron una cantidad de bonos en 1993, porque estaban caducados. No obstante, el grupo de trabajo -el primero de estas características que se activa en la historia de las Juntas Generales- investiga únicamente lo sucedido entre 1995 y 1999. En este periodo la institución foral recibió 35.707 bonos tras alcanzar un acuerdo que la Unión Europea declaró ilegal. Al no ser devueltos a P&O, las arcas públicas sufrieron un perjuicio patrimonial cercano a los diez millones de euros.
Martínez y Fernández insistieron -siempre según las fuentes consultadas- en que todos los aspectos relacionados con la asesoría jurídica de aquel pacto fueron responsabilidad del área de Presidencia. Afirmaron también que la gestión física de los billetes corrió a cargo de un funcionario que era el director de los Servicios Generales. Asimismo, declararon que abandonaron la Diputación sin hacer un acto formal de traspaso de poderes y que, cuando se marcharon, los bonos existían.
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