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El precio del vecino comprometido

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El precio del vecino comprometido

09.05.10 - 03:04 -
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El compromiso vecinal cuesta sangre, sudor y lágrimas. Y no es una frase hecha. Hay un miembro del movimiento ciudadano -y no es cuestión de dar demasiados datos sobre su persona- que, ante la dificultad de conciliar esta labor con el trabajo, se hizo donante de sangre: como no podía compaginar su jornada laboral con citas importantes relacionadas con su actividad vecinal -reuniones con las administraciones, visitas a registros y juzgados...-, cogió la costumbre de acercarse a que le extrajesen unos centilitros de sangre. Así obtiene una doble 'gratificación': realiza un gesto solidario... y obtiene un justificante para presentar en la empresa, lo que le permite ausentarse unas horas y atender los compromisos ineludibles.
Esta anécdota sirve para ilustrar los malabarismos que los integrantes de las asociaciones realizan para coordinar su tarea con la vida laboral y familiar. Es como dirigir un circo de tres pistas, con un elevado coste personal, pero también económico, porque defender los intereses de sus barrios y ciudades no les sale precisamente gratis, según explican representantes de los colectivos de la capital vizcaína, que suman unos 6.000 socios.
«'Palmamos' tiempo y pasta. Lo primero no es cuantificable y lo otro... desde que empezamos a movilizarnos contra el plan de Zorrozaurre, nos habremos dejado 60.000 euros», señala Txus Ureta, de la asociación El Canal. Buena parte ha servido para preparar los procesos jurídicos que iniciaron para paralizar la actuación, algo que hoy es un hecho. Le deben mucho a su determinación, pero también a la suerte, ya que desde su creación hace un par de años han sido agraciados -¡dos veces!- con dinero atrás en la Lotería de Navidad. En total, han recibido por esta vía más de 5.000 euros, ya que la mayoría de los poseedores de boletos renunciaron a reclamar el dinero y lo donaron a la causa. «Ha sido una inyección imprescindible», admite Ureta. Además, la venta de papeletas les ha reportado otros 6.000 euros.
Pero no todos los recursos les han caído del cielo, han tenido que trabajárselo. Cuentan con una subvención municipal de 300 euros -«casi no cubre ni lo que cuesta tramitarla»-, algunos supermercados Sabeco les han dado productos para reivindicativas comidas populares, los cerca de 600 socios pagan una cuota anual de seis euros y algunos hasta hacen aportaciones extraordinarias, de 20 ó 30 euros, «cuando se dan cuenta de que estamos 'pelaos'», una percepción que tienen con frecuencia. Incluso han llegado a pasar el cepillo en las asambleas vecinales, celebradas en la iglesia Juan XXIII. Para su sorpresa, se han encontrado en el cesto hasta 500 euros. «Siempre hay cuatro o cinco que echan billetes de 50», confiesa. Mercadillos solidarios con enseres cedidos por vecinos y comercios, venta de camisetas... Los tesoreros aguzan el ingenio al máximo.
Las estrecheces económicas de las asociaciones no pasan desapercibidas a los abogados que aceptan sus casos. Las responsables del estudio jurídico Rojas y Ochoa, que asesora a El Canal, aseguran que cuando aceptaron trabajar con ellos sabían que iban a tener que «ajustar precios todo lo posible». Entonces, ¿qué les llevó a aceptar? «Es un tema jurídicamente muy atractivo, con muchas administraciones implicadas, y también es un asunto de prestigio... Un desafío», resume Pilar Ochoa, quien admite que sólo le puso una condición a la plataforma: «Trabajar con orden, no queríamos que esto fuera la casa de tócame Roque. Y han cumplido».
«Hasta te da corte»
Alfonso Terceño, el letrado que lleva la demanda de los vecinos de Sabino Arana contra la Diputación por el ruido del viaducto, coincide con sus colegas en que embarcarse en un litigio vecinal significa adelgazar las facturas. Vamos, que este tipo de contenciosos no son el sueño de los abogados que aspiren a ganar dinero rápido y a espuertas. «En temas de carácter social, si el dinero me cubre lo que es el trabajo, pues acepto... y hago un esfuerzo. A veces tú mismo ves que la cosa se dispara mucho y hasta te da corte. Es que muchas veces las asociaciones se echan atrás por falta de recursos», indica Terceño, miembro de Ekologistak Martxan -donde presta sus servicios sin cobrar en contenciosos de interés público- y de Juristas Contra el Ruido. En el caso del viaducto, el impulso jurídico se ha podido dar porque hay 144 familias que secundan la demanda -reclaman 1,4 millones de euros de indemnización- y que han pagado unos 35.000 euros para avanzar en su reivindicación. No siempre se logra ese quórum.
«Habríamos sido más de 300, pero algunos no se acabaron de decidir», recuerda Javier Muñoz, presidente de las asociación de Basurto -con 300 miembros fijos y unos 400 'simpatizantes'- y uno de los portavoces de la federación de asociaciones de Bilbao. Gran parte de los afectados se echó atrás cuando Terceño les explicó que las posibilidades de éxito eran, al inicio, del 60%. Se produjo una estampida. «¡Claro, si hubiesen sido de un 100%, se hubiesen apuntado todos!», clama Muñoz. El dinero -más bien su falta- es uno de los peores enemigos de las demandas ciudadanas. Para hacer frente a este implacable adversario, en Basurto tienen cuotas anuales de 8 euros, venden lotería, disponen de ayudas municipales y de entidades financieras como La Caixa y Caja Laboral... Incluso han hecho su propio 'merchandising' para sacarse unos eurillos. Venden polos y 'pendrives' con el emblema de la asociación. No se los quitan de las manos, y el margen de beneficios tampoco es para echar cohetes, pero menos da una piedra. Por eso no dejan de maquinar iniciativas para que no les salgan telarañas a sus cajas fuertes. La última: una excursión por la ría con ágape final en la plaza Aita Donosti el próximo sábado, por 15 euros. «Hay muchos gastos», justifica Muñoz.
De eso también saben mucho los vecinos de Uribarri, que llevan años oponiéndose al crematorio que va a establecerse junto a la Plaza del Gas. Han invertido ya 20.000 euros entre costes judicales -18.000- y otros gastos . «Esa es la justicia gratuita que tenemos», afirma Carlos Ruiz, de la asociación Gure-Etxea y miembro de la directiva de la federación. Ahora el caso irá a Estrasburgo. «Espero que no tengamos que poner más fondos. Al menos, eso nos dijeron. Otra cosa sería que tuviésemos que viajar allí...», desliza.
«Nunca llegan al Supremo»
Este mismo fin de semana, Zaragoza ha acogido un encuentro de abogados y técnicos vecinalistas, organizado por la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), donde se han abordado estas cuestiones y la necesidad de dotar a estas agrupaciones de un marco legal, considerándolas de «interés general» para que puedan acceder a beneficios como la justicia gratuita. «Algo similar al turno de oficio, con unos topes -indica el presidente de CEAV, José Vicente Vallín-. Es que, si no, siempre será la ley del más fuerte. Hay reclamaciones vecinales que tienen todas las de ganar y se caen en el proceso... ¡Conozco casos a patadas! De hecho, nunca llegan al Supremo. O los vecinos ganan en primera instancia o es raro que puedan continuar, no hay dinero». Y acaba con una reflexión que no se imagina hasta qué punto puede tener un carácter literal en ciertos casos: «¡Te desangran por el camino!».
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